Contraloría advirtió que Gobierno Petro se habría pasado por la ‘faja’ la ley de garantías: firmaron 6.292 contratos después del 31 de enero

Una serie de contrataciones directas por unos dos billones de pesos en sectores no exceptuados durante la Ley de Garantías encendió las alarmas en la Contraloría General de la República.

En la mañana del martes 3 de marzo, el ente de control advirtió que, entre el 31 de enero y el 27 de febrero, se suscribieron más de 6.000 contratos que deberían estar restringidos por la normativa electoral. Entre estos procesos, se hallaron contrataciones enfocadas en eventos, publicidad y logística, actividades consideradas fuera de las excepciones permitidas durante el periodo de restricciones.

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El análisis de la Contraloría abarcó 25.685 contratos, cuyo valor total asciende a 2,8 billones de pesos. Sin embargo, la alerta recayó sobre 6.292 contratos que suman $2 billones, todos firmados mientras estaba en vigor la Ley de Garantías, la cual prohíbe la contratación directa en sectores no exceptuados. Entre estos sectores destacan los sociales, de comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos.

La Contraloría identificó que 368 contratos directos estuvieron vinculados a eventos, publicidad, conciertos, refrigerios y logística, por un monto superior a 31.959 millones de pesos.

Además, el seguimiento al uso de recursos públicos con posibles fines proselitistas arrojó que, entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026, se firmaron 17.841 contratos directos por conceptos similares, cuyo valor supera los $1,68 billones.

Durante el periodo de la Ley de Garantías, la contratación estatal está limitada para evitar que recursos públicos sean utilizados con fines electorales.

Sin embargo, el hallazgo de miles de contratos directos destinados a servicios de eventos y publicidad ha generado inquietud sobre el cumplimiento de la normativa y la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Falta de datos regionales y continuidad de investigaciones

El organismo de control no detalló cuáles regiones concentran la mayor cantidad de estos contratos, aunque anticipó que las investigaciones seguirán su curso para determinar si hubo irregularidades o desvío de recursos.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, enfatizó: “La Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto”.

La función de la Contraloría consiste en verificar que los recursos públicos no se desvíen hacia objetivos distintos a los previstos en la ley, especialmente durante periodos electorales en los que la vigilancia sobre el gasto estatal debe intensificarse.

El Gobierno y la excepción por emergencia climática

Mientras tanto, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, busca la posibilidad de realizar contrataciones directas en plena vigencia de la Ley de Garantías, invocando la emergencia económica y social ocasionada por el frente frío y el aumento de lluvias en varias regiones.

El pasado martes 23 de febrero, tras un Consejo de Ministros en Cartagena, se presentaron cuatro decretos para sustentar la emergencia, incluyendo un nuevo impuesto al patrimonio del 1,6 % para personas jurídicas.

El punto más controvertido surgió con el decreto 175 de 2026, que habilita una modalidad de contratación directa para la adquisición de bienes, servicios y logística necesarios para enfrentar la crisis climática.

El artículo 12, titulado ‘Medidas excepcionales de contratación’, establece que las entidades públicas podrán contratar directamente, sujetándose únicamente a los requisitos aplicables a la contratación entre particulares.

Según el mismo decreto, los contratos podrán ampliarse más allá del 50 % del valor inicial, límite habitual fijado por la Ley 80, siempre que estén destinados a conjurar la emergencia.

Esta excepción coincide con la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que restringe la contratación directa y los convenios interadministrativos para evitar el uso electoral de los recursos estatales en los meses previos a las elecciones presidenciales y legislativas.