La entrega de equipos médicos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro durante el evento “Encuentro institucional nacional de salud” realizado el 26 de febrero de 2026 en la plaza de Bolívar, Bogotá, generó una fuerte polémica política.
Mientras la administración nacional presentaba la entrega como un acto de apoyo al sistema de salud, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas a la iniciativa, al sugerir que el acto tenía fines clientelistas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales.
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A través de sus redes sociales, Uribe escribió el 2 de marzo, a través de su cuenta en la red social X: “Entregan equipos de salud clientelistas para elecciones, después que están acabando con la salud”.
Este comentario, que rápidamente se viralizó, desató una fuerte respuesta del abogado Alejandro Carranza, que defiende al presidente Gustavo Petro en diversos procesos legales, además de Nicolás Petro, hijo del mandatario.
Así fue la extensa respuesta del abogado del presidente Petro a Uribe
Carranza no tardó en contestar al expresidente, pero su respuesta no solo se limitó a desmentir las acusaciones, sino que lanzó un ataque directo sobre las denuncias de corrupción que el Gobierno de Petro presentó contra figuras vinculadas al sector salud, de acuerdo con su post.
A través de la misma plataforma digital, el abogado hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, al señalar que el presidente Petro había presentado dos denuncias penales de gran importancia hace varios meses.
La primera de estas denuncias apunta a un ciudadano español que, según la información que maneja el Gobierno, habría financiado partidos políticos en Colombia con el propósito de influir en las decisiones legislativas, específicamente para evitar una reforma a la salud que podría haber afectado sus intereses comerciales.
Carranza destacó que esta intervención externa, supuestamente respaldada por congresistas que no se declararon impedidos, había tenido consecuencias trágicas para la población colombiana, incluido el incremento de muertes y el sufrimiento en el sistema de salud.
En cuanto a la segunda denuncia, el defensor recordó el caso del exgerente de Coosalud, que es señalado de desviar más de $200.000 millones destinados a la salud pública, recursos que terminaron en negocios privados. Carranza se preguntó de manera retórica: “¿Cuántas vidas y tratamientos se habrían podido salvar si estos recursos no se hubieran desviado?”.
El abogado del presidente Petro continuó desafiando la postura de Uribe, al vincular las críticas del expresidente con lo que consideraba un intento de desviar la atención de los verdaderos problemas de corrupción dentro del sector salud.
“Señora Fiscal General, ¿cuándo procederá a actuar?”, dijo Carranza, instando a la justicia a tomar medidas contra quienes, según él, saquearon los recursos destinados al bienestar de los colombianos.
En un tono enfático, Carranza insistió en que Uribe y otros miembros de la élite política que critican la crisis de la salud no solo son responsables de haber permitido el saqueo del sistema, sino que, según el abogado, muchos de ellos tienen familiares involucrados en prácticas corruptas dentro de empresas del sector salud.
El abogado también denunció que la Fiscalía tenía en su poder los informes necesarios para investigar a fondo estas irregularidades, que según Carranza, dejaron a miles de colombianos sin acceso a los tratamientos y medicamentos que necesitan.
Alejandro Carranza pidió una respuesta firme de la Fiscalía, al asegurar que el país merecía justicia y que la salud no podía ser utilizada como una “herramienta de politiquería ruin”, como, según él, había sucedido con las recientes declaraciones de Álvaro Uribe.
Al final de su mensaje, Carranza no dejó lugar a dudas sobre su postura: “El país y el presidente Petro exigen justicia para evitar que se utilice la salud como un instrumento de politiquería ruin, como lo ha hecho el expresidente Uribe en su reciente publicación”.
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