En Villavicencio, capital del Meta, la Secretaría de Movilidad confirmó el avance en la reactivación del sistema de fotomultas, tras cuatro años de suspensión. Actualmente, el proceso se encuentra en fase contractual y técnica, con el objetivo de modernizar la red semafórica y fortalecer la detección electrónica de infracciones de tránsito.
El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, enfatizó que la decisión responde a requisitos técnicos y legales definidos por el Gobierno nacional y no a coyunturas políticas.
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La ciudad enfrenta el reto de reconstruir casi desde cero el sistema de fotodetección, ya que la administración anterior suspendió unilateralmente la operación en febrero de 2020. Dicha suspensión obedeció a un fallo de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la norma sobre responsabilidad solidaria del propietario del vehículo ante infracciones detectadas por medios electrónicos, aún cuando el conductor fuera un tercero.
El entonces alcalde, Felipe Harman, consideró necesaria la medida para garantizar la tranquilidad ciudadana y esperar la interpretación detallada de la sentencia. Como consecuencia, Villavicencio perdió equipos tecnológicos y gran parte de los avances logrados desde 2015, obligando a la actual administración a empezar nuevamente con estudios de tránsito, inventarios de señalización y análisis de siniestralidad vial.
De acuerdo con Ramírez Garzón, la reactivación de las cámaras requiere la culminación de estudios técnicos que permitan solicitar la autorización oficial ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), trámite que podría extenderse por al menos tres meses. Si se cumplen los plazos previstos, las primeras cámaras entrarían en operación entre mayo y junio de este año.
De acuerdo con la autoridad de tránsito, la instalación será progresiva y priorizará corredores críticos donde se presentan altos índices de accidentalidad, como la vía Catama, el Anillo Vial, el sector del monumento al Coleo y la intersección de la Chevrolet.
El Proyecto de Acuerdo 063 de 2025, aprobado por el Concejo Municipal en diciembre del 2025, otorga a la administración de Alexander Baquero la facultad de renovar la infraestructura semafórica y reactivar el sistema de fotodetección.
Durante la plenaria del 2 de diciembre, Ramírez explicó que la ciudad requiere actualizar urgentemente la tecnología para el control vial, y que la detección electrónica de infracciones debe contar con soporte técnico y jurídico sólido. La medida, puntualizó, está alineada con la Ley 2251 de 2022, conocida como Ley Julián Esteban, que fija velocidades máximas de 50 km/h en zonas urbanas y 30 km/h en entornos escolares y residenciales, buscando reducir la siniestralidad.
El gerente de la Empresa de Tecnología y Servicios Alborada, Jaime Rodríguez Arias, señaló que la renovación de la red semafórica es prioritaria y que, tras la sanción de la norma por el alcalde, se expedirá el decreto que formalizará el nuevo sistema. Una vez implementado, la empresa asumirá oficialmente la administración de la infraestructura tecnológica.
Representantes del gremio motero han expresado inquietudes —citados por el medio local Periódico del Meta— por la falta de socialización del proyecto y solicitan mayor participación en la toma de decisiones antes de su puesta en marcha. Insisten en la importancia de garantizar transparencia y claridad para todos los actores viales, especialmente en cuanto a los procedimientos y los derechos de los conductores.
Según documentos pedagógicos de la Superintendencia de Transporte y la Ansv, los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos (Sast) no imponen multas de forma directa. Dicho dispositivos recopilan pruebas de presuntas infracciones, que luego son evaluadas por la autoridad de tránsito.
Solo la autoridad puede emitir un comparendo, y este debe notificarse al ciudadano en un plazo máximo de tres días hábiles tras la validación de la infracción, garantizando el derecho a la defensa.
La reactivación de las fotomultas busca regular la velocidad, mejorar la seguridad vial y promover el cumplimiento de requisitos como la tecnomecánica y el Soat. La instalación inicial en vías con alta siniestralidad responde a la necesidad de reducir accidentes y proteger la vida en las carreteras de la ciudad.
La Secretaría de Movilidad recalcó que la medida se desarrolla conforme a la ley y bajo la supervisión de las autoridades nacionales competentes.
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