En las carreteras polvorientas de La Guajira, donde los trayectos pueden tomar horas por el deterioro de las vías, se avecina una intervención de gran escala. El Ministerio de Transporte confirmó que en marzo comenzará la adjudicación de 11 contratos de obra que suman cerca de $3,3 billones, destinados a modernizar corredores estratégicos del departamento.
La inversión, una de las más altas anunciadas en los últimos años para esta región, busca mejorar la conectividad en municipios como Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia. Se trata de territorios que durante décadas enfrentan dificultades estructurales en movilidad y acceso a servicios básicos, una brecha que el Gobierno pretende empezar a cerrar con este paquete de proyectos.
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El anuncio se hizo desde Riohacha y está contemplado en el Conpes 4161 Vías para la Paz, hoja de ruta que prioriza infraestructura en zonas históricamente rezagadas. Más que una intervención puntual, el plan apunta a articular las obras con una estrategia social más amplia.
Uno de los focos principales será Uribia. Allí se intervendrán tramos como Taparrajín–Jojoncito–Siapana, San Martín–Nazareth y Uribia cabecera–Watchwali–Puerto López–Nazareth. Estos corredores son claves para la integración de comunidades indígenas y rurales que hoy dependen de caminos en mal estado para acceder a educación, salud y mercados.
De manera paralela, el ministerio avanza en la contratación de las interventorías, cuyo presupuesto supera los $200.000 millones. Estas estarán encargadas del control técnico y del seguimiento contractual de las obras, un componente que busca garantizar transparencia y una ejecución adecuada en cada frente de trabajo.
Según explicó la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, el inicio de la adjudicación representa el paso “del anuncio a la ejecución” y consolida recursos históricos para el departamento, en una intervención que, por su dimensión presupuestal y alcance territorial, marca un hito dentro de la política pública reciente para La Guajira. La funcionaria señaló que los proyectos viales se alinean con el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que ordena acciones concretas para proteger los derechos fundamentales de la población guajira y exige respuestas estructurales del Estado.
El alcance de las obras va más allá del asfalto y de la simple rehabilitación de tramos estratégicos. El Gobierno señaló que los proyectos se desarrollarán bajo esquemas de concertación comunitaria y en articulación con el Plan de Acción Estructural, con acompañamiento institucional en cada fase del proceso. La apuesta es que la mejora en la infraestructura tenga efectos directos y medibles en el acceso al agua potable, los servicios de salud, la seguridad alimentaria y la reducción de la mortalidad infantil, problemáticas que golpearon con fuerza a la región y que han sido objeto de seguimiento judicial y social.
En un territorio donde las distancias y las condiciones climáticas imponen desafíos adicionales, contar con vías en mejores condiciones puede significar un cambio sustancial en la vida cotidiana, especialmente en zonas rurales y dispersas. Para los transportadores, implica menores tiempos de desplazamiento, mayor previsibilidad en las rutas y reducción de costos logísticos; para las comunidades, una conexión más fluida con centros urbanos, instituciones públicas y servicios esenciales que hoy resultan difíciles de alcanzar en temporadas de lluvias o sequía extrema.
Con este paquete de inversiones, el Ejecutivo busca consolidar una agenda de infraestructura que no se limite a mejorar la movilidad ni a responder a rezagos históricos. La meta es que las carreteras funcionen como un punto de partida para transformar las condiciones sociales y económicas de La Guajira, dinamizar la actividad productiva y fortalecer la presencia institucional en municipios priorizados, un departamento que durante años espera intervenciones de esta magnitud.
Marzo marcará, entonces, el inicio de un proceso clave dentro de ese cronograma oficial. La adjudicación de los contratos será el primer paso visible de una apuesta que combina recursos, planeación técnica, coordinación interinstitucional y compromiso político, con la expectativa de que las obras se traduzcan en resultados tangibles, verificables y sostenibles para miles de familias guajiras en el corto y mediano plazo.
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