El buque Ocean Mariner, bajo bandera de Liberia, zarpó desde Colombia a inicios de febrero de 2026 transportando combustible, y fue interceptado por la guardia costera de Estados Unidos tras una alerta sobre un posible desvío ilegal a Cuba.
Este episodio detonó una investigación federal que examina no sólo el cumplimiento de sanciones estadounidenses a la isla; también señala un posible contrabando de diésel subsidiado, en una operación con un valor superior a USD 6,9 millones, más de 25.000 millones de pesos colombianos.
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Aunque ante las autoridades y los medios se asegura que la transacción fue legal, el destino declarado por los documentos oficiales era República Dominicana, pero el carguero modificó su ruta después del incidente y terminó descargando el combustible en Bahamas, donde fue vendido a la multinacional Trafigura Group PTE Ltda., señaló un informe del diario El Tiempo.
En la negociación figuran hasta ahora tres empresas identificadas: ISM Ingeniería Servicios, Montaje, Estaciones de Servicios SAS (vendedora), Monarch Security Latin America Inc. (intermediaria) y Trafigura Group (compradora). Una cuarta firma habría intervenido, pero su nombre aún no ha sido revelado.
La operación fue inspeccionada antes de autorizar la partida del Ocean Mariner
Por lo anterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y un funcionario de Ecopetrol participaron en el proceso, aun cuando el buque ya estaba bajo sospecha de Washington por llevar ayuda humanitaria desde México a Cuba, acción que contraviene las advertencias estadounidenses, añadió el mismo medio local.
La advertencia clave vino de un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien informó a la Dian sobre la posibilidad de que el cargamento consistiera en diésel subsidiado de contrabando, no en fueloil –combustible utilizado para generación de energía y maquinaria pesada– como se había declarado oficialmente.
Esta sospecha forma parte de un expediente reservado que el FBI indaga como parte de su escrutinio a operaciones que puedan burlar las sanciones impuestas durante la administración de Donald Trump a Cuba.
El papel de intermediarios y viejos vínculos en la industria de hidrocarburos
A la luz de la polémica, surgió el nombre de Felipe de la Vega Vergara como posible intermediario de la operación.
De la Vega, señalado por el diario colombiano por actores con conocimiento directo de la negociación, es un conocido broker en el sector hidrocarburífero.
Especulaciones sobre su intervención se remontan a sus vínculos pasados con la empresa Trenaco SAS, donde en su momento figuraba Carlos Gutiérrez Robayo –concuñado del presidente Gustavo Petro–.
Este entramado de relaciones cobró notoriedad en 2016, cuando Álex Saab dejó a la vista su interés en Trenaco, mientras Estados Unidos ya investigaba a Saab como presunto testaferro de Nicolás Maduro Moros.
Consultado por el medio colombiano, De la Vega negó cualquier relación con la venta bajo sospecha: “No tengo idea de quién es o por qué me estén mencionando. Como ya manifesté, no fui yo quien intermedió esta venta ni tampoco ofrecí ese producto a ninguna otra compañía o comprador”, declaró.
El empresario admitió haber sido broker para operaciones de Conquers International en Colombia y precisó: “Yo no exporto ni importo, presento posibles compradores o vendedores a diferentes compañías del sector, tanto en Colombia como a nivel internacional. Y asesoro en temas de logística. Esto es con muchas compañías. No he trabajado con países o con productos sancionados”.
En relación con Gutiérrez Robayo, el bróker dijo que desde hace once años no mantienen contacto.
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