La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado Jorge Emilio Caldas, citó a los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, a audiencia preparatoria de juicio dentro del proceso que se adelanta en su contra por el denominado escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Name y Calle permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá mientras avanza el proceso penal. Ambos fueron capturados por orden de la Sala Especial de Instrucción en mayo de 2025 y, tres meses después, acusados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación.
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Aunque interpusieron recursos contra la acusación, en octubre la Corte dejó en firme esa decisión. La audiencia preparatoria, fijada para el jueves 5 de marzo a las 2:15 p. m. de manera virtual, constituye el paso previo al juicio, en el que se definirán las pruebas que serán examinadas durante el juzgamiento.
El escándalo de los carrotanques de la Ungrd se originó por presuntas irregularidades en millonarios contratos para la adquisición de cuarenta vehículos destinados a llevar agua potable a La Guajira. De acuerdo con las investigaciones, parte de los recursos habrían sido desviados para el pago de sobornos a congresistas.
Según declaraciones entregadas a la justicia por Olmedo López, exdirector de la la enridad y por Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres; Iván Name, integrante de la Alianza Verde y opositor a la administración del presidente Gustavo Petro, habría recibido $3.000 millones. Por su parte, Andrés Calle, del Partido Liberal y considerado aliado del Ejecutivo, habría obtenido $1.000 millones.
La ruta del dinero y los señalados
Sneyder Pinilla, que aceptó su responsabilidad y fue condenado a cinco años de prisión por su participación en la red de corrupción, ha declarado que los recursos para los sobornos provinieron de los sobrecostos en la compra de los carrotanques. Según su testimonio, el objetivo era agilizar el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno.
De acuerdo con esas declaraciones, quien habría ordenado la entrega de los dineros fue Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), actualmente prófugo y asilado en Nicaragua. Los pagos se habrían realizado en octubre de 2023, antes de las elecciones regionales.
La intermediación para conseguir y trasladar los recursos habría estado a cargo de Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, que también se encuentra detenida preventivamente. La Fiscalía inició actuaciones en su contra tras ser señalada por Pinilla de haber recibido el dinero destinado a Name.
Según las versiones entregadas a las autoridades, Ortiz habría entregado maletas con dinero en efectivo a Iván Name en un apartamento en el norte de Bogotá. Pinilla, por su parte, afirmó que hizo entrega de los recursos a Andrés Calle en Montería, capital de Córdoba, también en una maleta. El exsubdirector ha aportado chats que, según indicó, respaldarían el soborno.
La Fiscalía ha calificado el entramado como “una empresa criminal” que habría sido liderada por los exministros Luis Fernando Velasco, del Interior, y Ricardo Bonilla, de Hacienda, sobre quienes el Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento preventiva.
Tras su captura, Andrés Calle solicitó a la Corte Suprema la libertad, argumentando el nacimiento de su hijo, su renuncia a la Cámara de Representantes y la declaración bajo juramento de que no participaría en las elecciones de 2026; sin embargo, la Sala de Instrucción negó la petición. Sandra Ortiz interpuso una acción de tutela con el mismo propósito, pero el alto tribunal también la rechazó.
Además de los principales procesados, el caso ha mencionado a otros exfuncionarios y congresistas, entre ellos Wadith Manzur, Liliana Bittar, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.
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