Colombia figura como la segunda nación con mayor presencia de criminalidad organizada a nivel mundial, de acuerdo con la edición 2025 del Índice Global de Crimen Organizado, un estudio elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime que evalúa a 193 países. El país obtuvo una puntuación de 7,82 sobre 10, una cifra que lo ubica únicamente por debajo de Myanmar, que alcanzó 8,08.
La medición posiciona a Colombia como el territorio con mayor nivel de criminalidad organizada en América Latina y en toda Sudamérica. Este resultado no responde únicamente a indicadores de violencia tradicional, sino a una evaluación más amplia que incluye la operación de mercados ilegales y la capacidad de las organizaciones criminales para sostenerlos.
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El informe se basa en dos ejes principales. El primero examina las economías ilícitas presentes en cada país, entre ellas el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de armas y los delitos ambientales y financieros.
El segundo analiza la fortaleza y el alcance de los actores criminales, incluyendo redes locales, mafias transnacionales, grupos armados y estructuras que logran infiltrarse en instituciones estatales o sectores económicos.
La tendencia de Colombia ha mostrado un aumento gradual en los últimos años. En 2021, el país registraba un puntaje de 7,66; en 2023, la cifra subió a 7,75; y en la medición más reciente alcanzó 7,82. Aunque la variación parece reducida, el sistema de calificación está diseñado en una escala donde cada incremento refleja una consolidación mayor de las actividades ilegales y una presencia más profunda de organizaciones criminales en distintos ámbitos.
El listado global ubica a México en el tercer lugar, con 7,68 puntos, seguido por Ecuador y Paraguay, ambos con una puntuación de 7,48. Más abajo en la clasificación aparecen Brasil en la posición 14, Venezuela en el puesto 20 y Panamá en el lugar 21, lo que confirma la fuerte presencia regional de redes ilícitas en América Latina.
En el extremo opuesto, los países con menor incidencia de criminalidad organizada son Tuvalu, con 1,53 puntos; Nauru, con 1,72; y Santo Tomé y Príncipe, con 1,8. La diferencia entre estas naciones y los países latinoamericanos evidencia una brecha considerable en la penetración de economías ilegales.
El informe también destaca que el crimen organizado no permanece estático, sino que evoluciona. En el caso colombiano, además del narcotráfico, han ganado relevancia otras actividades ilícitas como la explotación ilegal de recursos naturales, el lavado de dinero y las operaciones financieras ilegales. Estas dinámicas, según lo dicho por el estudio, han permitido que las estructuras criminales mantengan su influencia incluso en escenarios donde algunos indicadores de seguridad han mostrado mejoras.
Otro elemento que incide en el resultado es la presencia de organizaciones con capacidad operativa sostenida en el tiempo y con alcance internacional, entre ellas el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Estas estructuras han logrado mantener redes de producción, transporte y exportación de economías ilegales, lo que refuerza el posicionamiento del país dentro del índice.
El análisis también advierte que la criminalidad organizada no depende exclusivamente de los niveles de violencia visible. Incluso cuando algunos delitos disminuyen, las organizaciones pueden adaptarse, diversificar sus actividades y fortalecer sus operaciones en otros sectores. Esta capacidad de transformación permite que el fenómeno persista y se consolide en el tiempo.
Además, el contexto regional influye en la situación de Colombia. La existencia de corredores estratégicos y la conexión con mercados internacionales facilitan el movimiento de bienes ilegales. La interacción entre redes criminales de distintos países contribuye a la expansión de estas economías y a la permanencia de estructuras complejas que operan más allá de las fronteras nacionales.
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