A poco más de un mes de las primera vuelta presidencial en Colombia, nadie sabe cuánto están gastando los candidatos: el aplicativo Cuentas Claras no ha sido habilitado

Faltan seis semanas para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales (primera vuelta) en Colombia, que tendrán lugar el 31 de mayo. Pese a que falta poco tiempo para que los ciudadanos acudan a las urnas, no hay claridad financiera con respecto a las campañas de los aspirantes.

De acuerdo con el primer informe de seguimiento a la financiación de las campañas presidenciales de 2026 elaborado por Transparencia por Colombia, las herramientas oficiales para reportar y consultar la financiación aún no han sido habilitadas, pese a la urgencia impuesta por el calendario electoral y la normativa vigente.

Según detalló, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) exige que los ingresos y gastos de las campañas sean reportados en un plazo máximo de siete días a través del aplicativo Cuentas Claras, el módulo correspondiente no se encuentra disponible, ni para uso de los equipos de campaña ni para consulta pública. Esto significa que los movimientos financieros de las campañas presidenciales de 2026 ya están en marcha sin ningún tipo de supervisión ciudadana o periodística sobre el origen, el monto y la destinación de los recursos.

La corporación advirtió que esta situación compromete las garantías de una contienda electoral transparente y equitativa, debido a que se pierde la capacidad de detectar o detener irregularidades a tiempo, como el incumplimiento de topes de financiación en las campañas, la utilización de fuentes prohibidas o la entrada de recursos ilegales.

“La falta de información pública impide el control ciudadano y periodístico sobre el origen, monto y destinación de los recursos de campaña. Sin información en tiempo real, se debilitan las garantías de transparencia en el momento en que más se necesitan y se limita la posibilidad de prevenir riesgos”, indicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, citado en un comunicado sobre el informe.

Las irregularidades que pueden presentarse en la financiación de las campañas no son situaciones poco probables. En Colombia ya se han presentado casos de incumplimientos de la normativa y se han identificado hechos ilícitos.

El informe recuerda antecedentes específicos en los que se burlaron los límites y prohibiciones existentes, como la injerencia de recursos de la multinacional Odebrecht en las campañas presidenciales del exmandatario Juan Manuel Santos y del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga (2010 y 2014). También menciona el ingreso de fondos de personas jurídicas a través de organizaciones políticas en la campaña del presidente Gustavo Petro 2022, refiriéndose específicamente a los recursos transferidos por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) al partido Colombia Humana.

Adicionalmente, el informe consigna que en esa misma elección se superó el tope legal de financiación en más de $5.300 millones. El CNE sancionó a la campaña, pero el jefe de Estado sostiene que dicha violación de topes no existió.

Según Transparencia por Colombia, estos antecedentes demuestran que, pese a la clara prohibición de aportes de personas jurídicas establecida por la Corte Constitucional, persisten mecanismos que ponen en riesgo tanto la transparencia como la igualdad de la competencia político-electoral.

A raíz de este panorama, la corporación pidió al CNE la rápida habilitación y asignación de usuarios para el aplicativo Cuentas Claras, así como la pronta activación del módulo de consulta ciudadana, para poder monitorear en tiempo real los ingresos y gastos de todas las campañas presidenciales.

Además, se instó a las integrantes de las campañas a cumplir de manera completa y veraz con los reportes exigidos, asegurando que toda partida financiera esté debidamente soportada y registrada en el aplicativo.

“Aquí empieza la lucha contra la corrupción de las candidaturas presidenciales, en la coherencia sobre cómo llegan al poder, que se suman a las propuestas y a su acción pública, estas deben responder a lo que toda Colombia está esperando, una Colombia libre de corrupción para poder acceder a nuestros derechos fundamentales”, indicó Hernández.