El abogado Alejandro Carranza se pronunció sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de negar un habeas corpus presentado por el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, a través de su equipo de abogados, con el que esperaba acceder a su libertad.
El ex jefe de la cartera, investigado por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), está privado de la libertad por una medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta. Está recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), desde diciembre de 2025.
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Carranza, que además de integrar la nueva defensa de Bonilla es el abogado del presidente Gustavo Petro y de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X. En una publicación, aseguró que el Tribunal no ha designado un magistrado que estudie y resuelva una apelación que presentó en su momento la defensa del exministro de Hacienda.
“La solicitud de habeas corpus preventivo revela una situación preocupante en la sala de gobierno del Tribunal. A estas alturas, no han designado a un magistrado para resolver la apelación presentada por la defensa del Dr. Bonilla. ¿Por qué? Y si ya escogieron Magistrado por qué no ha decidido después de dos meses?”, cuestionó el profesional en Derecho.
Aseguró que la libertad del procesado es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido y, por eso, no puede ser considerada como un asunto “trivial”, sobre todo, en temporada de elecciones. Pues, el 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas y el 31 de mayo serán las elecciones a la Presidencia de Colombia.
De acuerdo con el abogado, el ex jefe de la cartera debería enfrentar el proceso penal en libertad, hasta que la justicia tome una decisión sobre su situación jurídica. “La libertad es el bien más preciado, y nos comprometemos a luchar por el Dr. Bonilla, ya que consideramos que su detención fue excesiva e injusta”, señaló Carranza en la red social.
El proceso penal contra Bonilla: detalles de su rol en el entramado
El exfuncionario del Gobierno Petro está siendo investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. En la audiencia de imputación de cargos en la que compareció el 18 de diciembre de 2025, Ricardo Bonilla no aceptó los cargos que le fueron endilgados por la Fiscalía.
El exministro es señalado de haber impartido órdenes, convocado reuniones y monitoreado proyectos de inversión de la Ungrd y del Instituto Nacional de Vías (Invias) para que fueran asignados a ciertos congresistas. El objetivo de este entramado era, presuntamente, garantizar que los legisladores votaran favorablemente las reformas sociales del Gobierno nacional.
Las investigaciones de la Fiscalía indican que Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, que también está afrontando un proceso penal por estos hechos, habrían intervenido indebidamente en 79 contratos de $612.237 millones, de los cuales siete se concretaron. También habrían intercedido en tres contratos de la Ungrd de $86.619 millones que no alcanzaron a ser direccionados. Sin embargo, al parecer, los congresistas que se iban a beneficiar de ellos sí cumplieron con su parte del acuerdo y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
“Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla González y Velasco Chaves habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la Ungrd que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), que ascendía a 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas a fines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó”, precisó la Fiscalía en un comunicado.
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