Propietarios de taxis de Bogotá exigen que no sean estigmatizados por caso de Diana Ospina: “Se debe individualizar”

Luego del secuestro y robo de la ciudadana Diana Ospina causó una contundente respuesta por parte de la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá, único gremio de propietarios de los vehículos de servicio público, emitió un fuerte comunicado en el que rechazaron las generalizaciones sobre los taxistas.

Asociaron el deterioro de la seguridad ciudadana como la causa estructural del suceso y no como una coyuntura cuya raíz esté en los taxistas o los propietarios de los vehículos.

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De hecho, cuestionaron la forma en que algunos medios de comunicación abordaron el caso, y señalaron una “estigmatización injusta” hacia el gremio del taxismo.

“Rechazamos igualmente la forma en que están estigmatizando a la industria del taxi que hemos generado riqueza y servicios a los usuarios durante casi un siglo, están generalizando estos delitos, como si fuera común en el gremio del taxismo y se deben individualizar”, consta en el texto firmado por su junta directiva.

El gremio enfatizó que quienes cometen estos delitos “no son taxistas, son delincuentes que se infiltran en muchas otras actividades”, e insistió en que el problema de fondo es la inseguridad en toda la ciudad.

La organización rechazó el despliegue mediático dado a los “paseos millonarios” y otros delitos, con el argumento de que “estos casos son ínfimos en la industria del taxi, pero el periodismo le ha dado un gran despliegue de publicidad que ojalá les dieran a otros casos que sí se merecen un gran despliegue publicitario”.

En esa medida, los propietarios aseguraron que los hechos, lejos de ser inherentes a su sector, representan una mínima porción de los servicios diarios y ocurren, en realidad, por la infiltración de delincuentes en el gremio, en un contexto de creciente competencia ilegal y falta de regulación estatal.

De acuerdo con la Asociación, en la actualidad circulan aproximadamente 50.000 taxis en Bogotá que realizan un millón de servicios diarios y 25 millones al mes.

Según las cifras difundidas en el comunicado, el 50% de los viajes son abordados en la calle, y hechos delictivos como el secuestro de Ospina representan una fracción ínfima.

Por lo tanto, los directivos del gremio insistieron en que la cobertura mediática se ha centrado de manera “desproporcionada” en estos casos e induce a la población a evitar el servicio de taxi y a optar, como alternativa, por el uso de vehículos particulares y motocicletas que, aseguran, prestan servicios públicos sin la debida autorización.

Responsabilizaron a la Alcaldía de Bogotá por la inseguridad

El comunicado atribuyó parte de la inseguridad a la “desmejora sistemática de las condiciones laborales” y a la falta de profesionalización del taxismo. “La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, también ha fallado en su deber de garantizar que la actividad de conductor de taxi sea una profesión regulada bajo estándares de excelencia, permitiendo en su lugar que las condiciones de trabajo se degraden facilitando que unos individuos, incluso con antecedentes delictivos, puedan usurpar esta función”.

La asociación también criticó la “competencia desleal, la piratería e ilegalidad” en el sector, y advirtió que la mayor incidencia delictiva y los riesgos más graves para la seguridad ciudadana se concentran hoy en el transporte ilegal intermediado por plataformas como Uber, Yango, Picap, InDriver, Didi, Cabify y similares.

“Estos servicios, que operan en una zona gris de absoluta falta de control estatal, carecen de los filtros de vigilancia, seguros contractuales, registros de conductores y demás requisitos que el taxi sí debe cumplir”, afirmaron

“La desidia de las autoridades al no combatir estas plataformas ha permitido que la delincuencia migre hacia el taxi y se fortalezca aún más en estos vehículos particulares y motos, donde el anonimato es la regla y la supervisión del Estado es inexistente” se leyó en el documento.

Entre las solicitudes dirigidas a las autoridades, la asociación pide un mayor control sobre las empresas afiliadoras de taxi, la creación de una base de datos actualizada de conductores, y el establecimiento de un protocolo de seguridad para conductores y usuarios, como lo estipula la ley 1079 de 2015.

“La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y los entes nacionales deben retomar el control del orden público y garantizar la profesionalización del conductor de taxi, estableciendo medidas rigurosas que expulsen la ilegalidad y protejan tanto al transportador formal como al ciudadano”, concluye el comunicado.