La emergencia económica declarada en Colombia por el gobierno de Gustavo Petro para afrontar los efectos de las inundaciones generó preocupación a raíz del Decreto 0174, que otorga al Estado facultades excepcionales sobre las tierras rurales.
El Gobierno busca acelerar la reubicación productiva y proteger a los pequeños productores, pero hay alerta por posibles riesgos para la propiedad y el equilibrio institucional.
El Decreto 0174 fue creado para habilitar al Gobierno a llevar a cabo la “reubicación, relocalización, temporal o definitiva, de unidades de producción agropecuaria y activos rurales” bajo un proceso de “reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente”.
La propia norma señala que la emergencia responde a un fenómeno hidrometeorológico imprevisto, cuya magnitud superó las previsiones y causó severos daños en la producción agrícola y los medios de vida rurales. Los pequeños productores, en particular, perdieron su principal fuente de sustento.
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El Gobierno resaltó que la actual crisis afecta “de manera directa la seguridad alimentaria, la capacidad de pago del sector rural y la estabilidad económica de las comunidades afectadas”. Por ello, justificó la adopción de procedimientos extraordinarios y plazos abreviados, distintos a los habituales, para restablecer las condiciones mínimas en las zonas más perjudicadas.
Además, el documento estipula que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene la facultad de comprar, incorporar y adjudicar predios rurales en un solo acto, mediante procedimientos rápidos y excepcionales para acelerar la respuesta institucional. Asimismo, introduce la figura de “extinción de dominio abreviada”, lo que da la disponibilidad inmediata de terrenos necesarios en las áreas afectadas por las inundaciones.
Facultades extraordinarias para atender la Emergencia Económica
Dentro de las principales medidas, la ANT puede adquirir predios, sumar estos al Fondo de Tierras y adjudicarlos de forma directa, sin los trámites judiciales o administrativos que con normalidad dilatan estos procesos. El decreto permite avanzar en la disponibilidad de propiedades, incluso, si existen cargas registrales, disputas legales o limitaciones jurídicas, lo que garantiza que los bienes puedan utilizarse de inmediato para atender la emergencia.
En situaciones declaradas de desastre o calamidad pública, la Agencia queda autorizada para imponer servidumbres, ocupar terrenos de manera temporal o adquirirlos de forma ágil, lo que asegura el pago de las compensaciones establecidas por la ley. Las capacidades aplican también sobre bienes estatales o pertenecientes a fondos como el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), el Fondo de Reparación de las Víctimas y el Fondo de Restitución de Tierras, sin importar su situación jurídica previa.
De igual manera, el saneamiento jurídico de los predios es otro aspecto central: cuando el Estado compra un inmueble por razones de utilidad pública, este, de manera automática, queda libre de deudas, embargos o problemas en el título. Si hay afectados, podrán reclamar indemnizaciones frente a los antiguos titulares, no ante la entidad estatal.
Con relación a los semovientes (animales) hallados en predios intervenidos, la ANT podrá trasladarlos a los depósitos municipales; de no existir estos, estos podrán ser declarados en abandono para que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se encargue de su disposición, conforme a la Ley 1774 de 2016.
Por otro lado, las autoridades policiales están obligadas a brindar apoyo a las acciones de la ANT para asegurar la administración estatal de estos bienes, debiendo responder a las solicitudes en un plazo máximo de cinco días.
Críticas de Paloma Valencia a la intervención estatal
La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, hizo duras críticas sobre el alcance del Decreto 0174 u habló de que la medida es una “expropiación exprés”. Afirmó, por medio de X, que “el Gobierno revivió la extinción de dominio exprés en los 7 departamentos afectados por la emergencia económica”.
Valencia precisó que “en menos de 15 días la ANT podrá quitarle la tierra a la gente sin pagar indemnización y sin que un juez intervenga”. Añadió que, si bien los afectados pueden recurrir a la justicia, “los procesos judiciales podrían tardar años”, lo que, según ella, “pone en riesgo la propiedad rural” en los departamentos afectados.
Argumentos del Gobierno frente a las críticas
El Ejecutivo defiende que las medidas aprobadas se limitan al contexto de la emergencia natural y que persiguen la protección de derechos fundamentales como la alimentación y el mínimo vital. El decreto argumenta que las acciones extraordinarias se adoptan para “conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos”, priorizando la recuperación productiva y el bienestar de las comunidades rurales damnificadas.
Resaltó que los mecanismos extraordinarios, aunque son acelerados respecto a los habituales, contemplan indemnizaciones para los afectados y prevén acciones de reparación, aunque estas deban dirigirse contra los antiguos propietarios y no contra la entidad pública.
Postura del Consejo Gremial sobre las facultades excepcionales
El Consejo Gremial Nacional manifestó su solidaridad con los habitantes de los departamentos afectados, pero rechazó “que se utilice la Emergencia Económica para expedir medidas que introducen modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera, operativa y sectorial”.
Según el “gremio de gremios”, las decisiones tomadas sobrepasan el carácter excepcional y transitorio que la Constitución atribuye al Ejecutivo en situaciones de emergencia, desplazando el debate que corresponde al legislativo en cuestiones de cambios estructurales.
El Consejo Gremial alertó sobre la gravedad institucional de “la imposición de cargas sobre ingresos brutos, la creación de tributos extraordinarios, la alteración de compromisos contractuales y la modificación de condiciones regulatorias estructurales, por ejemplo, en la jurisdicción agraria, bajo la figura de emergencia”, y cuestionó que puedan sentarse precedentes más allá del caso puntual.
Otras disposiciones del Decreto 0174 para manejo de la crisis
El decreto también regula medidas para clarificar y recuperar bienes estatales, con el objetivo de remover ocupaciones irregulares que obstruyen el flujo hídrico en humedales y zonas de amortiguación. Se señala que la ocupación indebida y el deterioro de los ecosistemas han acentuado las consecuencias de las inundaciones.
En el plano operativo, la autoridad se apoya en la actuación coordinada de la fuerza pública y entes de control para garantizar que los predios y bienes rurales pasen rápidamente a manos del Estado. La respuesta institucional no requiere de la resolución previa de litigios judiciales o de certificaciones administrativas lentas, favoreciendo la actuación inmediata en aras del interés público.
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