Juez legalizó la captura del concejal Alexis Castillo señalado por violencia intrafamiliar: denuncias incluyen golpes y humillaciones

En la tarde de este martes 24 de febrero, el Juzgado Séptimo de Control de Garantías de Barranquilla llevó a cabo la audiencia de legalización de captura de Alexis Castillo Jiménez, concejal del Partido Conservador y miembro de la Comisión de la Mujer y Asuntos Varios del Concejo de Barranquilla.

La audiencia se realizó de manera virtual, y el cabildante se presentó personalmente ante la Fiscalía General de la Nación tras conocer que existía una orden de captura en su contra por denuncias de violencia intrafamiliar agravada.

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La orden de captura fue ejecutada el 23 de febrero de 2026, y al día siguiente, en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Barranquilla, se confirmó que Castillo Jiménez había sido detenido con éxito.

La medida judicial responde a denuncias interpuestas por su exesposa, Silvia Aragón Molina, que aseguró haber sido víctima de violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica desde 2023, período en el que convivía con el concejal.

Detalles de la audiencia y acusación

Durante la diligencia, el juez otorgó un receso para que Castillo Jiménez y su abogado revisaran el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, se procederá a la audiencia de imputación de cargos y a la solicitud de medida de aseguramiento.

Según el testimonio de la denunciante a Revista Semana, ha sufrido “violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica”, manifestada en “golpes, gritos, humillaciones e insultos, tanto a mí como a mi núcleo familiar”. Entre las acciones denunciadas se mencionan golpes, gritos, insultos y humillaciones.

Desde octubre de 2024, la denunciante tiene la custodia legal de los hijos que comparte con el concejal, según un documento autenticado, en el que la denunciante indicó que dicha medida busca proteger la seguridad y el bienestar de los menores. Pese a esto, la mujer también señaló haber recibido amenazas constantes del cabildante, quien, según su testimonio, le habría dicho: “Te voy a quitar la custodia de los niños”.

Actualmente, existen tres procesos abiertos contra Castillo Jiménez: uno en la Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía General de la Nación y un tercero en un juzgado de familia. Aragón Molina aseguró a Semana que el concejal habría intentado retrasar el avance de estos procedimientos.

Versión del concejal

En una comunicación pública, Castillo Jiménez sostuvo que la medida de captura lo tomó por sorpresa y firmó que no corresponde a nuevos hechos de violencia, sino a una incomparecencia a una audiencia programada en noviembre de 2025, relacionada con el traslado del escrito de acusación, y que ese día se encontraba atendiendo compromisos previamente citados en el concejo distrital.

El concejal agregó que su ausencia fue interpretada por la Fiscalía como una posible obstrucción al proceso, lo que habría motivado la solicitud de captura para garantizar su presencia en la siguiente etapa judicial.

Así mismo, manifestó que está dispuesto a presentarse ante las autoridades si la medida no es revocada, y aseguró que el proceso tiene como origen un conflicto derivado de su separación, el cual se extiende por cerca de dos años y ha incluido espacios de conciliación centrados en el bienestar de sus hijos.

Además, el concejal insinuó que la difusión pública de la orden judicial podría tener un impacto político, dado que la situación se conoce en un periodo electoral y él ha manifestado públicamente respaldos a determinados candidatos.

Reservas y lo que sigue en el proceso

Por solicitud de la defensa de la víctima, las siguientes audiencias fueron declaradas reservadas para no revictimizarla a través de redes sociales. Solo permanecieron en la sala virtual Fiscalía, Procuraduría, y las partes involucradas; el resto de personas, incluida la prensa, fueron retiradas.

Tras la legalización de la captura, los procedimientos judiciales seguirán la ruta prevista en casos similares. El próximo paso es la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía formalizará la acusación ante el juez. Posteriormente, se evaluará la solicitud de medida de aseguramiento, que puede incluir detención preventiva en un centro carcelario, casa por cárcel o medidas sustitutivas según lo determine la autoridad judicial.

Durante este proceso, el juez valorará la evidencia presentada por la Fiscalía y las pruebas aportadas por la defensa, garantizando la participación de todas las partes involucradas.