El Ministerio de Minas y Energía ha entrado en el centro del debate tras la huelga declarada por Sintraelecol en la Electrificadora de Santander (Essa). El paro, que ha movilizado a cientos de empleados, ha puesto en jaque tanto la negociación salarial como la estabilidad del servicio eléctrico para más de 950.000 usuarios, entre ellos pacientes electrodependientes, zonas rurales y establecimientos de salud.
La Essa abastece de energía a 958.344 clientes en Santander. Entre ellos, más de 243.000 viven en áreas rurales y 64.833 utilizan energía prepaga. Un dato crítico: al menos 71 usuarios reportados presentan condiciones clínicas que dependen del suministro ininterrumpido, desde insulinodependientes hasta quienes requieren oxígeno o diálisis.
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El temor de los gremios y usuarios radica en que, ante la reducción de personal por la huelga, cualquier emergencia podría prolongar la restitución del servicio. Además, la infraestructura eléctrica de la región cubre 517 centros de salud, incluidos almacenes de vacunas y centros de rehabilitación, lo que eleva la preocupación por el mantenimiento de la energía en instalaciones vitales.
Ante el crítico panorama, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que ha seguido de cerca las negociaciones entre la empresa y el sindicato.
Sin embargo, el jefe de cartera pidió a la electrificadora y a los sindicalistas mantener una mentalidad abierta para el diálogo, además de encontrar un consenso para superar las inconformidades de ambas partes, siempre garantizando el acceso al servicio a toda la ciudadanía.
“La empresa debe garantizar el derecho de huelga conforme a la revisión que de los servicios mínimos haga el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores deben garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a la ciudadanía. Es algo intocable. Es realmente un experimento social y jurídico el ejercicio del derecho de huelga ahí”, señaló Palma.
El ministro también insistió en la necesidad de construir puentes y mantener el equilibrio entre el derecho de huelga y los derechos de la ciudadanía, evitando consecuencias menores para el departamento de Santander.
“Pero ese es el mundo del trabajo, un laboratorio social. Con ambos mantenemos el equilibrio entre el derecho de huelga y los derechos de la ciudadanía. He conversado siempre con ambas partes para construir puentes que permitan un acuerdo rápido. Conociendo el conflicto, considero que ambos deben ceder. Si siguen negociando por posturas, será imposible un acuerdo rápido”, concluyó el ministro.
Como parte de las acciones derivadas del paro, el Ministerio de Trabajo dispuso el sellamiento de oficinas no esenciales en la Essa. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó en redes sociales que la medida busca proteger el derecho a la huelga y, al mismo tiempo, asegurar la continuidad del servicio esencial de energía.
“Se protege el derecho constitucional a la huelga, garantizando al mismo tiempo la continuidad del servicio esencial de energía”, escribió el ministro en su cuenta de X.
El nudo salarial y el peso de la convención colectiva
Uno de los ejes de la disputa es el ajuste salarial. La empresa propuso incrementos entre el 8% y 9%, mientras que el sindicato exige un aumento del 23,7 %, igual al del salario mínimo.
Esta diferencia cobra mayor relevancia si se considera que un empleado técnico tiene un sueldo base de $4.523.000, pero su ingreso promedio, con bonificaciones y beneficios, asciende a $9.857.303.
Si se aplicara el incremento exigido por Sintraelecol, el sueldo básico de un técnico alcanzaría los $5.594.951, y el ingreso total podría superar los $12 millones para 442 empleados en ese rango. Esta carga salarial se sumaría al resto de los beneficios extralegales, con un impacto directo en las finanzas de la compañía.
En cuanto al costo total de la convención colectiva, la anterior ascendía a $98.563 millones, pero las pretensiones sindicales actuales trepan a $243.601 millones. Solo el rubro de salarios representaría $132.395 millones, mientras que nuevos beneficios y artículos costarían $98.607 millones anuales. Esta cifra se acerca al total de las utilidades de la Essa en 2024, que alcanzaron los $252.159 millones.
La diferencia entre lo solicitado por el sindicato y lo ofrecido por la empresa es de $145.038 millones, una brecha que explica la tensión en la mesa de negociación.
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