La senadora y candidata al Senado de la República Alianza Verde Angélica Lozano denunció que más de 6.000 contratistas bajo la modalidad de prestación de servicios en el Ministerio del Interior y en Planeación Nacional no han recibido el pago correspondiente al mes de diciembre, acumulando más de 50 días de espera en 2026.
A través de su cuenta oficial de X, Lozano afirmó: “No eran 2.300. Ya son más de 6.000 contratistas por prestación de servicios que tengo documentados sin pago de diciembre. Y seguro son muchos más”.
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Según la senadora de la Alianza Verde, la situación ha afectado a trabajadores que han cumplido con sus obligaciones y han pagado su seguridad social por adelantado, pero que hasta la fecha no han obtenido respuesta sobre la disponibilidad de recursos para sus salarios.
Lozano sostuvo en la red social: “No hay derecho que hoy les digan que esperen que no hay plata cuando fue su trabajo”.
La denuncia incluye reportes de familias que, debido a la falta de pago, se encuentran sin recursos para cubrir gastos esenciales como arriendo, alimentación y servicios públicos.
Angélica Lozano señaló haber recibido múltiples denuncias de afectados y cuestionó al Ministerio de Hacienda por la falta de soluciones, preguntando: “¿Ese es el respeto por los derechos laborales de este gobierno? ¿Qué esperan Ministerio de Hacienda?”.
Varios contratistas afectados relataron que, pese a haber cumplido con sus obligaciones y haber pagado la seguridad social por adelantado, aún no obtienen respuesta clara ni certeza sobre la fecha de pago.
Una de las voces documentadas por Lozano expresó: “Durante dos años trabajé como contratista para el Ministerio del Interior. Formo parte de las aproximadamente mil cuatrocientas personas que aún no han recibido el pago de sus honorarios correspondientes al mes de diciembre”.
Según los testimonios, el compromiso inicial era realizar los pagos en enero a mes vencido, pero esta promesa no se cumplió y, al cierre de febrero, la incertidumbre persiste. “Nos informaron que el pago se realizaría en enero, supuestamente a mes vencido. Eso no se cumplió. Hoy es 19 de febrero y seguimos sin recibir nuestro dinero”, explicó uno de los afectados.
La situación ha generado una crisis económica para miles de familias, quienes han visto afectada su capacidad para cubrir gastos esenciales como arriendo, alimentación y transporte.
“Estamos terminando febrero y quienes no hemos recibido el pago de diciembre nos enfrentamos a una situación crítica. ¿Cómo se pagan el arriendo, el mercado o el transporte sin ese ingreso?”, indicó otro de los testimonios recopilados.
Angélica Lozano detalló que hace dos semanas la cifra de afectados era de 2.200 personas, pero ahora el número supera los 6.200.
El mayor porcentaje de incumplimientos se concentra en el Ministerio del Interior, Planeación Nacional y el Ministerio de Transporte.
Según la senadora, varios trabajadores han perdido servicios públicos o no cuentan con recursos para desplazarse. “Hace dos semanas presenté una denuncia, respaldada por información oficial. En ese momento, el número de personas afectadas era de dos mil doscientas. Los mayores incumplimientos corresponden al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte. Ahora he documentado más de seis mil doscientos casos”.
Los contratistas aseguran que no han recibido explicaciones formales sobre los motivos del retraso. Aunque se les indicó que el pago podría realizarse en febrero, esa promesa tampoco se ha cumplido, y ahora existe incertidumbre sobre un eventual giro en marzo.
“No nos han dado ninguna razón sobre el retraso de los pagos. Se dijo que, si no se pagaba en enero, sería en febrero. Eso tampoco ha pasado. Al consultar, me comentaron que tal vez se pague en marzo, pero no hay certeza”, relató uno de los afectados.
La senadora Lozano cuestionó públicamente al Ministerio de Hacienda y exigió que se prioricen los pagos a los contratistas sobre otros gastos estatales. Además, recordó que está en trámite una iniciativa legislativa para garantizar que, por cada día de retraso en el pago, se sume un día adicional de honorarios, con el objetivo de obligar a las entidades públicas a planificar y ejecutar los pagos de manera oportuna.
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