Narcopiloto denunció cómo opera el cartel de corrupción en la Fiscalía, que presuntamente extorsiona a criminales: “Hay órdenes de arriba”

Una denuncia de corrupción y extorsión en la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Nacional sacudió el ámbito judicial tras las revelaciones de Juan Carlos Ramírez Taborda, conocido como alias Manicomio, de la existencia de una red de corrupción judicial que, según su testimonio, operaba a través de la extorsión a procesados por lavado de activos y exnarcotraficantes, incluyéndose él y sus familiares, para manipular expedientes y definir su suerte ante la justicia.

Como resultado de las investigaciones, las autoridades capturaron a ocho personas relacionadas con estos hechos. Sin embargo, el denunciante asegura que figuras con poder permanecen en libertad y denuncia la falta de protección estatal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La red estaba conformada por funcionarios de la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía. El esquema funcionaba mediante la extorsión a las víctimas, vendiéndoles el acceso a expedientes judiciales y ofreciendo manipulación de procesos a cambio de grandes sumas de dinero. Entre los detenidos figuran funcionarios del CTI, miembros de la Policía, un exinvestigador, un exintegrante del Inpec y un supuesto abogado. Los montos solicitados superaban los $1.000.000.000, según el expediente presentado por Semana.

Ramírez Taborda, expiloto vinculado con el narcotráfico y testigo del ente acusador, relató al medio citado que, tras concluir su condena en Estados Unidos y regresar a Colombia, fue extorsionado junto a su familia. “Regresar a Colombia fue el peor error de mi vida”, afirmó al referirse al momento en que funcionarios de lavado de activos y extinción de dominio lo buscaron nuevamente. Añadió que la persecución se extendió hacia su entorno familiar, señalados como testaferros en complejos organigramas presentados en expedientes alterados.

El modus operandi de la red, revelado por Ramírez Taborda y documentado en el expediente, incluía amenazas sistemáticas y la promesa de “soluciones” a cambio de altas sumas de dinero. Los funcionarios seguían un guion escrito, hallado en los allanamientos. Este libreto indicaba la manera de intimidar a las víctimas reiterando el avance de procesos penales en su contra y advirtiendo sobre una posible encarcelación si no entregaban dinero. El documento evidencia que estas presiones incluían seguimientos, interceptaciones telefónicas y fotografías tanto a los afectados como a sus abogados defensores.

Para sostener la supuesta legalidad del proceso, los implicados ofrecían el expediente judicial en una memoria USB que incluía información del caso y del organigrama familiar investigado. El enlace, que se hacía pasar por abogado, recibió $300.000.000 en las inmediaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá. Además de entregar el número de proceso judicial en una servilleta, donde figuraban los familiares involucrados.

El expediente muestra también cómo, al presionarlos, los implicados intentaron acceder a la denuncia mediante el sistema de la Fiscalía, tras no lograrlo por vía presencial en la URI. De acuerdo con la investigación citada por el medio, descargaron la denuncia sin autorización, generando nuevos cargos. Paralelamente, otro integrante ofreció hasta $100.000.000 a un asistente de fiscal para dificultar el proceso y amenazó con una supuesta alianza con una banda de sicarios que operaba en San Andresito.

Sobre la manipulación de pruebas, Ramírez Taborda explicó que los funcionarios recibían pagos para dejar espacios vacíos en los peritajes forenses, lo que permitía que los expedientes carecieran de pruebas clave y facilitaba eludir condenas. “Presentaban en la Fiscalía, nosotros no quedamos presos y que el proceso seguía, pero ellos dejaban unas falencias, que el contador forense las dejaba y con eso más adelante el proceso se caía”, detalló a Semana.

Frente a estas denuncias, se abrió una investigación judicial interna que derivó en la captura de ocho personas, incluyendo funcionarios, exagentes y falsos abogados. Sin embargo, Ramírez Taborda sostuvo que la estructura corrupta no fue desmantelada y que la protección a las víctimas es insuficiente. Según su denuncia, algunas órdenes provinieron de altos mandos y oficiales de alto nivel podrían estar implicados. Aseguró que, tras las denuncias, la organización sigue persiguiéndolo a él y a su abogada, que han padecido seguimientos e intimidaciones sin recibir protección efectiva.

Las amenazas persisten y los líderes de la red continúan activos, mientras la reacción estatal resulta insuficiente para garantizar la seguridad de quienes denuncian. Familiares de Ramírez Taborda, incluidos hijos y sobrinos, fueron señalados por la organización, que mantiene su presión a través de contactos internos y externos, según documentó el medio citado.

La situación de indefensión para quienes colaboraron con las autoridades y pagaron su deuda judicial refleja la realidad de Ramírez Taborda. Observa cómo el proceso pierde fuerza institucional y denuncia la sensación de persecución y abandono del Estado colombiano.