Gustavo Petro anunció que está evaluando eliminar aranceles al cemento para bajar precios y reactivar la vivienda en Colombia

El presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que está evaluando eliminar los aranceles al cemento con el fin de reducir su precio en el país y dinamizar el sector vivienda.

“Estoy pensando en quitar los aranceles al cemento para que se abarate en Colombia”, escribió el mandatario, en medio de una reflexión más amplia sobre tasas de interés, construcción y acceso a vivienda.

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En la misma publicación, el jefe de Estado cuestionó el impacto de las altas tasas de interés sobre la demanda de vivienda y el sector constructor. “La gente no compra vivienda a alta tasa de interés”, señaló, al advertir que, en su opinión, los subsidios pierden efectividad en ese contexto: “Un subsidio en medio de altas tasas de interés es un subsidio a los banqueros”.

El presidente también vinculó el debate con la situación de las empresas cementeras y el sistema financiero, al afirmar que el bajo ritmo de construcción afecta las ventas de cemento.

La eventual eliminación de aranceles abriría un debate sobre sus efectos en la industria nacional, particularmente en compañías como Grupo Argos, y sobre el equilibrio entre protección a la producción local y reducción de costos para el consumidor.

Hasta el momento no se conocen detalles técnicos sobre cómo se implementaría la medida ni el impacto fiscal que podría tener.

El anuncio se produce en paralelo con la publicación, por parte del Gobierno nacional, de un borrador de decreto que modifica el sistema de fijación de precios para las viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP).

La propuesta establece que los valores se definan en pesos colombianos desde el momento de la vinculación contractual y no con base en salarios mínimos, como ha sido tradicional.

El texto, presentado por el Ministerio de Vivienda bajo el liderazgo de Helga Rivas Ardila, señala que el oferente deberá informar “de manera expresa, clara, verificable y en pesos colombianos el precio total” desde la separación, promesa de compraventa o figura jurídica equivalente.

Además, precisa que el precio fijado será el único exigible durante toda la ejecución del contrato y no podrá superar el tope máximo permitido al momento de la adjudicación.

Aunque el límite seguirá siendo el equivalente a 135 salarios mínimos para la VIS y 90 para la VIP, el valor quedará congelado en pesos una vez firmado el negocio, evitando ajustes posteriores ligados a incrementos del salario mínimo. En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el tope rural será de hasta 280 salarios mínimos, según estudios técnicos específicos.

La modificación normativa busca, según el Ministerio, facilitar el acceso progresivo a la vivienda para hogares de menores ingresos, en un contexto en el que el sector muestra señales mixtas.

De acuerdo con cifras de Camacol, en 2025 se vendieron 173.632 viviendas en el país, un crecimiento del 12,4% frente al año anterior. De ese total, 117.099 correspondieron a VIS y 56.533 a segmentos No VIS.

No obstante, el dinamismo en ventas contrasta con la caída en las iniciaciones de obra. Solo se comenzaron 115.687 unidades en 2025, lo que representa una disminución del 17,4% y la cifra más baja en catorce años.

El presidente del gremio, Guillermo Herrera, ha advertido que la falta de certidumbre regulatoria y macroeconómica ha elevado los riesgos para los proyectos en fase de planeación o preventa.

El sector también enfrenta el impacto del incremento del 23% en el salario mínimo para 2026, que ha encarecido costos de construcción, así como la menor disponibilidad de subsidios nacionales y la suspensión temporal de programas como “Mi Casa Ya”.

Aunque los lanzamientos de nuevos proyectos crecieron 15,3% en 2025, alcanzando 140.365 unidades, esta cifra sigue siendo una de las más bajas desde 2013.