Un nuevo debate se abrió entre el sector financiero y el Gobierno nacional por la intención del presidente Gustavo Petro de implementar una inversión forzosa como mecanismo para canalizar mayores recursos hacia la atención de la emergencia climática que afecta a distintos sectores del país.
La propuesta ha generado pronunciamientos del gremio bancario y de varios exministros de Hacienda, quienes alertaron sobre los posibles efectos económicos de la medida.
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De acuerdo con los exministros, el mecanismo tocaría a 38 millones de personas que tienen sus ahorros en la banca. Señalaron que podría generar menor rentabilidad de los depósitos y mayores tasas de interés, así como una reducción de 0,3 puntos porcentuales en el crecimiento económico del país. Por ello, instaron a que el tema sea objeto de un debate técnico.
En respuesta a estas críticas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que defendió la figura de las inversiones obligatorias y explicó su funcionamiento jurídico y técnico.
La cartera señaló: “En medio de la discusión pública sobre las inversiones obligatorias en el sector agropecuario, conviene separar los datos de la narrativa. Desde hace 36 años, Colombia cuenta con un sistema de financiamiento diferenciado para el campo, respaldado por los artículos 65 y 66 de la Constitución, que reconocen la producción de alimentos como actividad de especial protección del Estado”.
En el comunicado, el Ministerio afirmó de manera expresa: “Las llamadas ‘inversiones forzosas’ no son una expropiación de los ahorros de los colombianos. Jurídica y técnicamente, se trata de una obligación que tienen los establecimientos de crédito de invertir un porcentaje de sus pasivos en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), creados por la Ley 16 de 1990”.
Agregó que estos recursos no salen de las cuentas de ahorro de los ciudadanos, sino que impactan el balance de las entidades financieras como parte de un diseño regulatorio. Según explicó, el objetivo es corregir fallas de mercado en un sector que enfrenta riesgos climáticos, biológicos y de precios que históricamente han desincentivado el crédito privado tradicional.
El ministerio detalló el funcionamiento del mecanismo: “El mecanismo funciona así: el Banco de la República define la fórmula que determina el monto de los TDA que deben adquirir los bancos. Esos recursos llegan a Finagro, banca de desarrollo del sector agropecuario, que los canaliza como crédito de fomento con tasas y plazos acordes al ciclo productivo rural. Es decir, no es un subsidio indiscriminado, sino un instrumento de política pública para asegurar fondeo estable y condiciones financieras que el mercado, por sí solo, no ofrece”.
Impacto en el sector agropecuario
El ministerio sostuvo que el impacto del sistema no es marginal. Indicó que la existencia de este engranaje permite sostener el 28,6% del PIB agropecuario. Asimismo, señaló que en las últimas dos décadas el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario ha impactado a 2,3 millones de pequeños productores.
Según la cartera, entre 2022 y 2026, más de 400.000 productores accedieron por primera vez al crédito de fomento y se han expedido más de un millón de garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías, con el Estado actuando como fiador para facilitar su inclusión financiera.
En el mismo documento, cuestionó las afirmaciones que señalan que el mecanismo implica un traslado directo de recursos de los ahorradores. “Afirmar que las inversiones forzosas ‘se llevan la plata de los ahorradores’ es tan impreciso como cuando, en el debate del plebiscito, se instaló la idea de que los desmovilizados se quedarían con las pensiones de los adultos mayores. Es una simplificación diseñada para generar indignación, no para explicar el instrumento. Manipular el lenguaje es una estrategia conocida en campañas de opinión: se apela al miedo para redireccionar el debate“.
El Ministerio de Hacienda también indicó que en la mayoría de los países el apoyo al sector agropecuario se financia con recursos del erario. Señaló que Colombia optó hace décadas por un modelo mixto que combina regulación financiera y banca de desarrollo.
Finalmente, la cartera concluyó: “El debate sobre el crédito rural es legítimo y necesario. Pero si se quiere hablar de competitividad, seguridad alimentaria y reducción de brechas, la conversación debe partir de los hechos: las inversiones obligatorias no son un despojo de ahorros, sino un instrumento constitucional de política pública para garantizar que el campo tenga acceso real a financiamiento”.
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