Juez alertó por posibles dilaciones en proceso contra el coronel Carlos Feria por prueba del polígrafo a Marelbys Meza

El 18 de febrero de 2026 se desarrolló en Bogotá una audiencia clave dentro del proceso penal relacionado con la presunta aplicación irregular de una prueba de polígrafo a la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza.

La actuación judicial tuvo lugar en el juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá y marcó la reanudación formal del caso tras un prolongado conflicto de jurisdicción.

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El proceso involucra al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, oficial activo de la Policía Nacional, acusado por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, en hechos vinculados con la desaparición de una maleta que contenía dinero y documentos oficiales del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Según el ente acusador, el 30 de enero de 2023 Meza fue trasladada desde Soacha hasta el centro de Bogotá por orden de Feria y conducida a la Casa Galán, donde habría sido sometida a una prueba de polígrafo sin autorización judicial. La investigación también vincula al mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, al capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y al intendente John Alexander Sacristán Bohórquez.

Llamado de atención del juez

En medio de discusiones sobre competencia jurisdiccional y solicitudes de nulidad, el juez hizo un llamado directo a uno de los abogados defensores y explicó que sus decisiones buscan evitar retrasos que impidan avanzar hacia las etapas preparatoria y de juicio oral dentro de los plazos legales.

“No le permito que cuestione nuevamente el actuar del suscrito, que no tiene un fin diferente al de encaminar el proceso”, expresó inicialmente el funcionario judicial al referirse a los señalamientos de la defensa.

El juez añadió que debe prever que, una vez resueltas todas las solicitudes presentadas por las partes, exista un tiempo suficiente para desarrollar las audiencias pendientes. En ese contexto, advirtió que uno de los delitos investigados presenta un riesgo más alto de prescripción, razón por la cual sus decisiones buscan garantizar la continuidad del trámite.

Finalmente, pidió respeto en el desarrollo de la diligencia: “No vuelva a alzarme la voz en este estrado judicial. Yo no soy ni su hijo ni soy su esposa para que usted me hable en ese tono”, indicó antes de conceder la palabra al fiscal del caso.

Señalamientos de la Fiscalía sobre el avance del proceso

Durante su intervención, el representante de la Fiscalía manifestó que, a su juicio, se han presentado actuaciones que dificultan el desarrollo normal del proceso penal. “Siempre se nos ha traído todas las trabas posibles para que el desarrollo del proceso se siga de una manera efectiva y eficaz”, afirmó al referirse a las solicitudes planteadas por la defensa.

El fiscal también cuestionó la coexistencia de argumentos sobre falta de competencia del juez y, al mismo tiempo, pedidos de nulidad dentro de la misma jurisdicción. “O es o no es competente. ¿Cómo va a decretar una nulidad alguien que no es competente?”, señaló al exponer esa contradicción ante el despacho.

Asimismo, precisó que la investigación no se centra en valoraciones personales sobre los implicados, sino en conductas relacionadas con peculado por uso, abuso de la función pública, constreñimiento ilegal y acceso abusivo a sistemas informáticos, que constituyen el objeto de la causa penal.

Estado del proceso

El expediente ha estado marcado por un conflicto de jurisdicción entre la justicia ordinaria y la penal militar. El 12 de julio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió que el caso debía continuar en la jurisdicción ordinaria, decisión que permitió retomar el trámite que ahora avanza hacia la eventual acusación formal.

De acuerdo con la Fiscalía, antes de la práctica del polígrafo los agentes retiraron el teléfono móvil de Meza y, al finalizar la diligencia, uno de ellos se lo habría quitado nuevamente por la fuerza con el propósito de acceder a información personal. Para el ente acusador, estas actuaciones constituirían un uso indebido de funciones públicas, dado que la prueba de polígrafo está prevista para personal vinculado al Gobierno, condición que la exniñera no tenía en ese momento.

Durante la audiencia también se dejó constancia de la presencia de los uniformados procesados, quienes realizaron su presentación formal ante el despacho judicial y se identificaron como miembros activos de la Policía Nacional.

El proceso continúa en etapa previa a la acusación formal, mientras el juzgado resuelve las solicitudes pendientes y define la programación de las audiencias preparatorias y de juicio oral dentro de los términos establecidos por la ley. La investigación se mantiene enfocada en determinar la legalidad de las actuaciones realizadas durante la búsqueda de la maleta vinculada al entorno de Laura Sarabia, en hechos ocurridos en enero de 2023.