El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció nuevamente sobre la reforma pensional impulsada por el Gobierno nacional y expresó su desacuerdo con el modelo planteado en el proyecto. A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario publicó un mensaje en el que cuestionó la distribución de las nuevas cotizaciones y el enfoque financiero de la iniciativa.
“Reforma Pensional impondría que 87% de nuevas cotizaciones las maneje el Estado y solo 13% Fondos Privados. Sería un camino de destrucción del ahorro pensional de los trabajadores. Al adulto mayor hay que pagarle del presupuesto, por eso hay que acabar la corrupción y el derroche”, escribió el exjefe de Estado.
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La publicación se conoció en medio de la discusión nacional que ha generado la reforma, considerada una de las principales apuestas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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El proyecto busca transformar el sistema pensional colombiano a través de un esquema de pilares que reorganiza la manera en que se distribuyen las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y redefine el papel del régimen público y de los fondos privados.
De acuerdo con lo aprobado en el Congreso, el nuevo modelo establece que una parte de las cotizaciones se canalice prioritariamente hacia el componente administrado por el Estado, mientras los fondos privados mantendrían la gestión de un porcentaje menor correspondiente a los ingresos superiores al umbral definido en la ley.
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Esta redistribución ha sido uno de los puntos más controvertidos del articulado, al modificar la lógica del sistema mixto vigente durante las últimas décadas.
La reforma enfrenta un momento decisivo en el ámbito judicial. La Corte Constitucional de Colombia aceptó el impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien se desempeñaba como ponente del expediente que estudia la constitucionalidad de la ley.
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La determinación fue adoptada de manera unánime por los siete magistrados y el conjuez en una sesión realizada el miércoles 18 de febrero, lo que suspendió el análisis en curso y obligó al alto tribunal a designar un nuevo ponente.
La salida de Ibáñez implica el retiro de la ponencia que había presentado ante la Sala Plena, en la que proponía declarar inexequible la Ley 1681, aprobada el 16 de julio de 2024, por presuntos vicios de procedimiento durante su trámite legislativo.
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Según ese proyecto de fallo, las irregularidades no habrían sido subsanadas pese a órdenes previas de la Corte, particularmente en lo relacionado con el debate del articulado en la Cámara de Representantes.
El documento sostenía que el Congreso cerró de manera anticipada la discusión sobre la iniciativa y que la plenaria de la Cámara, por 100 votos contra 11, decidió no abrir el debate completo del texto, lo que habría impedido que las minorías presentaran proposiciones modificatorias.
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En ese análisis, Ibáñez advertía que la corporación legislativa incumplió una instrucción expresa del alto tribunal y reprodujo el vicio que se pretendía corregir.
Con el impedimento aceptado, el equilibrio interno de la Corte cambia. Entre quienes habían respaldado la ponencia de inexequibilidad estaban la presidenta del tribunal, Paola Meneses, así como los magistrados Lina Marcela Escobar y Carlos Camargo.
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En contraste, otros integrantes de la Sala habían votado en sentido diferente, lo que previamente había generado un empate que obligó a la participación de un conjuez.
El impedimento fue solicitado por el propio Ibáñez el 13 de febrero, al considerar que declaraciones ofrecidas a un medio de comunicación podían interpretarse como un prejuzgamiento.
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De manera simultánea, la Presidencia de la República presentó una recusación contra el magistrado, cuestionando su intervención pública en el debate sobre la reforma. La aceptación del impedimento evitó que se abriera un trámite adicional sobre la recusación.
El nuevo escenario obliga a la Corte a repartir nuevamente el expediente. Todo indica que la ponencia podría recaer en la magistrada Meneses, en virtud del sistema interno de asignación y su condición de presidenta. Sin embargo, el nuevo proyecto de fallo podría retomar elementos del documento anterior o plantear un enfoque distinto, lo que implicará más tiempo de estudio antes de una decisión definitiva.
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