
El hallazgo de sangre humana en un fragmento plástico, recuperado tras excavaciones en la Escuela de Logística del Ejército en el sur de Bogotá, ha impulsado nuevas investigaciones sobre desapariciones forzadas durante el conflicto armado colombiano.
Así lo informó El Tiempo, que accedió al informe pericial elaborado por Medicina Legal a solicitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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El fragmento fue encontrado el 3 de febrero de 2025 en una zona declarada Sitio de Interés Forense, la cual había sido alterada ilegalmente durante una intervención realizada por militares, según detalló la JEP.
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El análisis forense indicó que solo el uso del lugar como espacio para la disposición de cuerpos podría explicar la presencia del rastro biológico.
Para la JEP, existe una alta probabilidad de que el predio haya sido empleado para ocultar personas desaparecidas, como el líder sindical Pedro Julio Movilla, quien desapareció el 13 de mayo de 1993.
También se consideran los antecedentes vinculados a la exguerrillera del M-19 Irma Franco, cuya desaparición se relaciona con el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, ubicado en la misma área.

El análisis reveló que la sangre hallada pertenecía a pruebas extraídas irregularmente por integrantes de la Fuerza Pública, contrariando las medidas cautelares vigentes dictadas por la JEP, en un contexto de restricción expresa para intervenir en el área.
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Ante estos hechos, la JEP abrió incidentes de desacato contra tres militares por presunta alteración del sitio.
Medicina Legal identificó además restos óseos humanos en los Sitios de Interés Forense de la instalación castrense. De acuerdo con los dictámenes recogidos por la JEP, estos huesos fueron trasladados secundariamente al lugar, lo que refuerza la hipótesis de que el predio funcionó para inhumar víctimas tras ocurrir las desapariciones.
En la indagación, la tecnología forense resultó fundamental. Peritos de la JEP emplearon drones y sensores especializados para generar modelos digitales de elevación y mapas 3D en tiempo real, logrando recuperar pruebas a pesar de la manipulación ilegal del sitio.
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Este enfoque tecnológico permitió localizar con exactitud los puntos de interés, incluso en condiciones de baja visibilidad.
En septiembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por omisión en la investigación y búsqueda de Pedro Julio Movilla, quien era objeto de seguimiento por inteligencia militar cuando desapareció.

Ante esa corte internacional, el Estado reconoció su responsabilidad y la falta de eficacia en los planes oficiales de búsqueda, según recordó El Tiempo. Para los familiares, esta deuda sigue sin resolverse más de tres décadas después.
La desaparición de Irma Franco también motivó sentencias judiciales. El general en retiro Iván Ramírez Quintero fue condenado en 2024 a 31 años de prisión por este crimen, tras ser apartado del proceso en la JEP por no aportar verdad plena. Sin embargo, permanece vinculado a investigaciones de esa jurisdicción relacionadas con el exterminio de la Unión Patriótica.
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Paralelamente, la justicia ordinaria y la Fiscalía examinan si otras víctimas de desapariciones forzadas, asociadas al asalto al Palacio de Justicia, pudieron haber sido llevadas a la Escuela de Logística del Ejército o al Batallón Charry Solano. Por años, estos lugares han sido señalados por víctimas y defensores de derechos humanos como centros de detención y tortura.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a familiares de desaparecidos, subrayó ante El Tiempo la gravedad de la alteración ilegal del sitio y la importancia de esclarecer si el cuerpo de Pedro Julio Movilla estuvo oculto allí. La organización reiteró públicamente el 11 de febrero su demanda de verdad y justicia por estos hechos.
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Para los familiares, el hallazgo de evidencia biológica refuerza la búsqueda de respuestas definitivas. La esperanza se mantiene en que el trabajo forense y judicial permita cerrar años de incertidumbre y dolor.
La aparición de indicios en la Escuela de Logística del Ejército enfrenta a las autoridades con un desafío irresuelto: determinar si uno de los casos más emblemáticos de desapariciones forzadas en Colombia, el de Pedro Julio Movilla, tuvo como destino final esos terrenos, como sugieren las investigaciones presentadas por El Tiempo.
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