Unidades de la Armada localizaron el cuerpo sin vida de Luis Eduardo Rivero Oviedo, veterinario de 38 años, en zonas rurales de Montería, en el departamento de Córdoba, tras varios días de búsqueda durante la emergencia por lluvias.
El médico veterinario había desaparecido el 14 de febrero mientras colaboraba en labores humanitarias en áreas afectadas por las inundaciones.
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Su desaparición activó un amplio operativo en corredores fluviales y otros sectores de difícil acceso.
Durante el operativo de búsqueda y rescate, equipos especializados desplegaron botes y drones para rastrear zonas inundadas. Las tareas se complicaron por el deterioro de las condiciones climáticas, que han golpeado con fuerza a varias comunidades del Caribe colombiano.
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Las condiciones adversas retrasaron la labor de los rescatistas, quienes continuaron el despliegue hasta lograr el hallazgo. La emergencia por lluvias ha generado necesidades humanitarias y dificultado la asistencia en buena parte de la región.
Tras la localización de Rivero Oviedo, las autoridades judiciales y forenses empezaron los procedimientos requeridos para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Familiares y conocidos lamentan la pérdida del profesional, recordando su labor en apoyo a las víctimas de la emergencia.
El Concejo de Montería rechaza agilizar el presupuesto para emergencia por inundaciones
La negativa del Concejo de Montería a modificar con prontitud el presupuesto local ha dejado a más de 40.000 familias desplazadas por inundaciones a la espera de ayuda institucional, acentuando un debate entre la urgencia humanitaria y la legalidad administrativa que fractura la gestión de emergencias en el municipio.
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El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, lamentó públicamente la decisión adoptada por la Comisión de Presupuesto, al afirmar: “Esta decisión del Concejo paraliza la posibilidad de actuar con la agilidad que la crisis humanitaria demanda”.
Según el mandatario, el rechazo bloquea la aplicación inmediata de cambios presupuestales, lo que dilata la asignación de recursos fundamentales ante la calamidad pública provocada por las recientes inundaciones en Córdoba.
El procedimiento habitual para ajustar partidas puede tomar hasta 10 días, un lapso insostenible para quienes han perdido sus viviendas y medios de vida, advirtió Kerguelen.
Su propuesta buscaba obtener facultades extraordinarias para reorganizar el presupuesto de forma ágil y sin los retrasos propios del trámite burocrático tradicional, algo que consideró imprescindible dado el alcance de la emergencia. El alcalde insistió en que “las familias damnificadas simplemente no tienen” ese tiempo.
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El proyecto fue archivado tras una votación en la que cuatro concejales se opusieron frente a tres que apoyaron la iniciativa de la administración municipal, dejando sin vías aceleradas al Ejecutivo local para responder a la crisis.
El presidente del Concejo, Gian Berrio, defendió la determinación de la Comisión de Presupuesto e hizo énfasis en el respaldo técnico y jurídico que la fundamenta. Berrio argumentó que “la decisión fue tomada de forma motivada bajo argumentos técnicos y jurídicos, y hechos que encuentran respaldo en precedentes jurídicos, como la sentencia 036 de 2023 de la Corte Constitucional”.
Además, citó el concepto del Consejo de Estado del 5 de junio de 2008, según el cual “la competencia para modificar el presupuesto recae única y exclusivamente en los concejos municipales y no puede ser delegada mediante acuerdo municipal”.
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Berrio enfatizó en que la decisión “responde a razones muy objetivas y alejadas de cualquier juicio político”, subrayando que obedece a un análisis realizado por asesores especializados y al marco jurídico vigente. Aunque no participó en la votación, expresó un “respaldo irrestricto a los concejales que adoptaron la decisión tras un estudio técnico”.
La determinación ha expuesto la tensión existente entre la necesidad de actuar con rapidez en situaciones de desastre y la obligación de observar los procedimientos y controles legales sobre el manejo de recursos públicos.
El Concejo Municipal de Montería, que integra diversos partidos, recalca su función de vigilar el uso de los recursos públicos y asegurar que toda modificación presupuestal se justifique legal y técnicamente, incluso en contextos de emergencia. La ciudad permanece con más de 40.000 familias desplazadas y sin una respuesta inmediata, mientras el debate sobre el equilibrio entre legalidad y acción urgente sigue abierto entre autoridades y ciudadanos.
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