La Fiscalía General de la Nación presentó acusaciones formales contra el exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en un contrato de adquisición de juguetes para niños del departamento durante la Navidad de 2007.
El proceso penal involucra los delitos de peculado por apropiación agravada y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, según los documentos judiciales conocidos.
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El contrato bajo investigación, identificado como el número 1724, ascendió a $650 millones y tenía como objetivo la entrega de regalos a menores de escasos recursos.
La Fiscalía sostiene que la fundación escogida para ejecutar el proyecto no contaba con la experiencia ni capacidad técnica para cumplir con lo pactado.
Además, los registros oficiales indican que la administración departamental no realizó un censo previo para identificar cuántos menores requerían el beneficio ni en qué localidades se encontraban, lo que cuestiona la planeación y justificación de la iniciativa.
De acuerdo con la acusación, Aguilar, en su papel de gobernador, debía ejercer vigilancia y control sobre la ejecución contractual.
Según la Fiscalía, omitió estas funciones al delegar la contratación a una secretaría sin ejercer un seguimiento adecuado.
En la etapa de ejecución, el contrato estipulaba la adquisición de 130.000 juguetes, aunque solo se entregaron 36.000 unidades. A pesar de la diferencia, la Gobernación autorizó el pago completo del contrato y el valor unitario de los juguetes aumentó de 5.000 a 6.000 pesos colombianos. El ente acusador calcula que el contratista habría retenido $416 millones de los fondos públicos destinados.
El proceso también advierte sobre la falta de mecanismos de selección adecuados, puesto que la contratación se realizó de forma directa, sin abrir una licitación pública que permitiera la participación de otros oferentes.
En la documentación presentada por la Fiscalía se resalta que el proyecto carecía de una justificación clara sobre la necesidad de ejecutarse y que la administración no sustentó debidamente los motivos para seleccionar a la fundación encargada.
Semana reveló en exclusiva el contenido de la acusación, compuesta por 83 páginas, en la que se describen las presuntas anomalías registradas durante la celebración y ejecución del contrato.
Según el informe obtenido por el medio, la Fiscalía argumenta que se incurrió en un constante incumplimiento de los principios de contratación estatal, tanto en la etapa previa como en la ejecución del acuerdo.
En la acusación citada por Semana se precisa: “La entidad contratista Fundación no demostró experiencia previa ni resultados satisfactorios que acreditaran la capacidad técnica y administrativa para realizar el objetivo del contrato; con lo que se vulneraron los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva y moralidad”.
Además, el escrito añade que se encontraron “modificaciones injustificadas en la compra de los juguetes para niños y niñas” y que “se contrató la dotación de 130.000 juguetes, sin la realización de estadística, medición o diagnóstico alguno. Se desconoce el sustento o justificación, el valor unitario de los juguetes; ‘ajustándolo’ a los términos de la propuesta”.
La acusación de la Fiscalía, divulgada por Semana, sostiene que la compra de los juguetes no se ajustaba al concepto de interés público requerido por la ley para este tipo de contratos y que la naturaleza del acuerdo correspondía a una compraventa, no a una cooperación, lo que implica una afectación a los principios legales.
El proceso penal estipula que Aguilar deberá responder en juicio por los delitos de peculado por apropiación agravada, calculado en $416 millones, y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Semana también recordó que Hugo Aguilar fue condenado previamente a nueve años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado, relacionado con alianzas con grupos armados ilegales durante su campaña para la Gobernación de Santander.
En esta ocasión, la investigación y la acusación judicial se centran en el manejo de los recursos públicos destinados a la compra de regalos navideños para la población infantil vulnerable del departamento.
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