Abogado fue sancionado por la Corte Suprema por uso indebido de inteligencia artificial en proceso judicial: los fallos que citó no existen

La Corte Suprema de Justicia marcó un precedente en Colombia al sancionar por primera vez a un abogado debido al uso indebido de inteligencia artificial en un trámite judicial.

La decisión, contenida en el Auto AC739-2026 de la Sala Civil, impone una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes a un profesional del derecho que, al sustentar un recurso, incluyó en su escrito varias referencias jurisprudenciales inexistentes.

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Dichas sentencias, con números, fechas y nombres de magistrados ponentes, no figuran en ningún repositorio oficial ni archivo judicial colombiano.

El caso fue informado públicamente por el abogado Jairo Parra Cuadros a través de la red social X, donde detalló que la Relatoría de la Corte certificó la inexistencia de las providencias citadas.

Según Parra Cuadros, la persona sancionada admitió haber utilizado una herramienta de inteligencia artificial para redactar su recurso, lo que llevó a la Sala a advertir sobre los riesgos de emplear sistemas que pueden generar información aparentemente verosímil, pero sin respaldo en fuentes verificables.

La Corte enfatizó que estas tecnologías no contrastan datos reales, sino que producen texto a partir de patrones lingüísticos, generando así referencias plausibles aunque ficticias.

Este caso impulsó a la Sala Civil a fijar directrices orientadas al uso responsable de la inteligencia artificial en los procesos judiciales.

Entre las reglas destacadas se encuentran el deber de veracidad, la obligación positiva de verificación de toda cita incluida en escritos, la indelegabilidad de la responsabilidad profesional y la neutralidad tecnológica.

Según la Corte, los abogados no pueden trasladar sus deberes éticos ni su obligación de diligencia a sistemas automatizados.

La gravedad de la sanción impuesta se vio incrementada por la reincidencia. Tras ser requerido formalmente para explicar las irregularidades advertidas, el abogado presentó un escrito de subsanación en el que añadió cuatro nuevas citas igualmente inexistentes.

Entre el documento inicial y la respuesta al requerimiento, se acumularon diez referencias apócrifas, circunstancia que, según la Corte, justificó una respuesta especialmente severa y ejemplarizante. La reiteración de la conducta, posterior a la advertencia, fue determinante para la severidad de la medida disciplinaria.

En palabras de Jairo Parra Cuadros, “estamos en una etapa de transición frente al uso de la inteligencia artificial en el proceso judicial”.

El abogado subrayó que se trata de un fenómeno reciente que afecta tanto a litigantes como a jueces y al conjunto de la comunidad jurídica. “Todos estamos aprendiendo a dimensionar sus alcances y sus riesgos”, afirmó Parra Cuadros, quien considera que, en una primera fase, debería privilegiarse un enfoque pedagógico por encima de una respuesta únicamente sancionatoria.

Para el jurista, la fijación de estándares claros, la advertencia institucional y la delimitación precisa de los deberes profesionales podrían cumplir una función formativa y preventiva valiosa para el sistema judicial.

No obstante, Parra Cuadros reconoció que la reincidencia del abogado en el caso concreto justifica la rigurosidad de la respuesta de la Corte Suprema.

“La reiteración posterior al requerimiento explica la respuesta más rigurosa adoptada por la Corte. Esa circunstancia es jurídicamente relevante”, aseveró.

El reto de fondo, según el abogado, consiste en consolidar reglas proporcionales, uniformes y transparentes que orienten el trabajo de todos los actores del proceso judicial frente a la irrupción de la inteligencia artificial.

El debate sobre el uso de estas herramientas tecnológicas en la justicia no solo involucra a abogados y jueces, sino también a los usuarios del sistema y al público general, que observa con atención cómo se gestionan los nuevos desafíos éticos y legales.

Parra Cuadros invitó a una conversación pública sobre la decisión y sus implicaciones, prevista para el martes 17 de febrero en la Universidad del Externado de Colombia, en la que se abordarán además otros aspectos relacionados con la aplicación de inteligencia artificial en la jurisdicción colombiana.

Por último, la decisión de la Corte Suprema constituye un llamado de atención a todos los operadores jurídicos para que el avance tecnológico no sustituya el rigor, la ética y la diligencia que exige la ley en el ejercicio del derecho.