Una operación nocturna en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, encendió las alarmas sobre un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades como a la comunidad: el hallazgo de una casa donde se realizaban fiestas clandestinas con menores de edad.
Según la información entregada por la Policía Nacional, la acción de inteligencia permitió identificar a una mujer que, según las labores investigativas, coordinaba reuniones secretas en el inmueble y fue capturada en flagrancia.
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Al ingresar a la vivienda, los uniformados se encontraron con una escena inesperada: había varios adolescentes, aunque lo que más precupó a las autoridades fue la presencia dos niñas de tan solo ocho y nueve años.
Adicionalmente, los uniformados encontraron en el predio decenas de bolsas y elementos asociados al consumo de marihuana, lo que obligó a la Policía a activar los protocolos de protección institucionales para evitar riesgos mayores, especialmente en lo que respecta al contacto de los menores con sustancias psicoactivas.
Las autoridades de Ipiales, municipio fronterizo de Nariño, han venido enfrentando retos crecientes ante el uso de inmuebles para actividades ilícitas que involucran a menores.
Entretanto, la mujer a cargo, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, fue puesta a disposición de la Fiscalía y enfrentará medida de aseguramiento en un centro penitenciario.
“La Policía Nacional continuará desarrollando acciones operativas y preventivas orientadas a cerrar espacios que vulneren sus derechos y afecten la convivencia y la seguridad ciudadana”, señaló la institución.
La intervención en Ipiales se inscribe en una estrategia más amplia para prevenir la proliferación de entornos inseguros para menores. Estas acciones buscan además fortalecer el tejido social y promover la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía en la protección de la infancia.
Ejército y Policía capturan a gestor de paz alias Tito en Nariño
Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, identificado como gestor de paz por el Gobierno nacional, fue capturado por tropas del Ejército Nacional y agentes de la Policía de Nariño en el corregimiento Corea de Remolinos, municipio de Taminango, sur del departamento.
La detención, que se produjo el 15 de febrero de 2026, lo aleja de su rol en la mesa de negociación con el Ejecutivo liderado por Gustavo Petro. La captura genera incertidumbre sobre la continuidad de los diálogos de paz del frente Comuneros del Sur ante la detención de uno de sus cargos autorizados.
Según la resolución 043 del 6 de febrero de 2026, Villota Rodríguez es uno de los nueve cabecillas con estatus de gestor de paz, condición que mantendría hasta agosto de 2026 junto a personas como Ana Milena García Leiton, alias Sonia, condenada a 40 años de prisión por secuestro, y Jaime Edilson Rodríguez Moreano, alias Yovany, vinculado a redes de narcotráfico en Ecuador.
El reporte castrense señala que el implicado posee una circular azul de Interpol y enfrenta investigaciones por secuestro, abuso, tortura y el homicidio de Jenith Andrea Rodríguez, líder juvenil de Madrigal, Policarpa. Respecto a ese crimen, líderes sociales denuncian que el asesinato estaría vinculado a disputas internas y a una relación sentimental con un miembro del frente Franco Benavides, bajo las disidencias de las Farc que lidera Iván Mordisco.
La Fiscalía suspendió la inmunidad de la que gozaba Tito como gestor de paz, lo que ha generado tensión en el proceso de diálogo con organizaciones al margen de la ley. Tras su detención, fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Pasto, mientras las autoridades evalúan su situación jurídica.
El documento oficial emitido por el Ejecutivo determina que los gestores de paz deben aportar experiencia y cumplir compromisos, incluyendo acudir ante la justicia, documentar su participación y ceñirse a restricciones excepcionales y temporales.
“El Gobierno nacional podrá, en cualquier momento, retirar la designación como gestores de paz y solicitar la reactivación de las medidas penales ordinarias”, establece la resolución.
Entre los demás gestores de paz figuran individuos acusados o condenados por secuestros, homicidios o atentados contra agentes del Estado, así como posibles nexos con el ELN. Hasta el momento, no existe pronunciamiento de la Consejería Comisionada de Paz sobre el caso de Luis Alberto Villota Rodríguez.
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