
El gasto público volvió a moverse en 2025, pero no al ritmo que el país necesita. Aunque la ejecución del Presupuesto General de la Nación mostró una recuperación frente al año anterior, la inversión, el componente que impulsa proyectos y crecimiento, continúa rezagada y acumula varios años por debajo de su promedio histórico.
El más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana pone cifras sobre la mesa. La ejecución total del presupuesto alcanzó el 87,8%. Si se excluye el servicio de la deuda, el porcentaje baja a 86,5 %. El dato es mejor que el 81,9% registrado en 2024, pero aún insuficiente, es el cuarto año consecutivo en que el indicador se mantiene por debajo del promedio histórico de 89,3%.
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La brecha se hace más evidente al mirar la inversión pública. De los $78,1 billones apropiados para este rubro, solo se ejecutaron $50,2 billones. En términos porcentuales, la ejecución fue de 64,2%, dejando sin ejecutar $27,9 billones. Es el tercer año seguido en que la inversión queda por debajo de su promedio histórico, que se ubica en 76,3%.
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal, lo explicó de manera sencilla: “De $100 que se pensaban hacer en inversión en 2025, solo se lograron pagar $64… básicamente lo que usted pensaba pagar en un año, lo va a pagar en dos". El efecto no es menor. Cuando la inversión se aplaza, también se retrasan obras de infraestructura, proyectos sociales y mejoras en servicios esenciales.
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La razón, según el análisis, es estructural. La inversión suele ser el rubro más flexible del presupuesto y, por lo tanto, el primero en ajustarse cuando hay recortes o aplazamientos. El problema es que esa flexibilidad tiene costos de largo plazo. “Un país que no gasta mucho en inversión pues es un país que tiende a crecer menos en el largo plazo (sic)”, advirtió Salazar.

El informe también reveló contrastes entre los sectores. Educación (97,3%), salud y protección social (96,1%) y ciencia, tecnología e innovación (95,4%) encabezaron el ranking de ejecución. En el otro extremo aparece la Presidencia de la República, con apenas 40,9%.
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La tendencia no es nueva. Presidencia acumula tres años consecutivos como el sector con menor ejecución del PGN, 16% en 2023, 27,7% en 2024 y 40,9% en 2025. Otros sectores con resultados bajos son transporte (47,4%), agricultura (59,5%) y planeación (61,7%). Salazar cuestionó que “en los últimos aplazamientos del gasto, algo que llama mucho la atención es que algunos de los ajustes se hicieron fueron para darle más plata a Presidencia, al sector que peor ejecuta”.
Más allá de la ejecución anual, el informe advierte sobre una presión silenciosa, el rezago presupuestal. En 2025 alcanzó los $49 billones. Se trata de compromisos adquiridos que no se pagaron y que ahora deberán cubrirse con el flujo de caja de 2026. Esos recursos competirán directamente con las nuevas prioridades del próximo año.
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El antecedente inmediato tampoco es alentador. En 2024, el rezago fue de $62,7 billones, el más alto de la historia reciente. Entre 2020 y 2023, la cifra oscilaba entre $23,2 billones y $34,9 billones. El salto ha sido significativo y estrecha el margen de maniobra fiscal.
Salazar fue claro sobre las implicaciones: “Parte de lo que preocupa es que Colombia se ha venido financiando a más deuda”. Con el pago de intereses ganando peso dentro del gasto, el espacio para inversión productiva se reduce. El llamado final del Observatorio apunta a la sostenibilidad fiscal. La activación de la cláusula de escape y la suspensión de la regla fiscal en 2025 reflejan un desbalance que no puede prolongarse indefinidamente. “Un rezago elevado aumenta la rigidez del gasto futuro. En 2026 vamos a tener que pagar ese gasto y, como ya está firmado, esto simplemente amplía las presiones sobre el balance fiscal”, concluyó Salazar.
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