Ministro de Hacienda dio detalles del decreto de emergencia económica: planea revivir inversiones forzosas para recaudar $8 billones

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó que el decreto de emergencia económica ya está en vigencia tras la crisis climática que afectó gravemente al norte del país, en especial al departamento de Córdoba.

El funcionario confirmó que el Gobierno prepara un paquete de medidas tributarias en el marco de esta declaratoria de emergencia. El eje central será un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas para recaudar más de 8 billones de pesos, pero también se estudia reforzar el mecanismo de inversiones forzosas para impulsar la reactivación productiva en las zonas afectadas.

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El jefe de la cartera explicó que la magnitud de los daños —inundaciones, afectaciones en cultivos, destrucción de vías, viviendas, colegios y hospitales— obligó al Ejecutivo a declarar una nueva emergencia económica, luego de que la Corte Constitucional suspendiera las medidas adoptadas en la primera declaratori, según Ávila en Caracol Radio.

“Hay unos hechos absolutamente sobrevinientes e impredecibles, con un frente frío que afectó de manera sustancial la región del norte del país y principalmente el departamento de Córdoba”, afirmó el ministro. Según señaló, el fenómeno climático superó las previsiones oficiales y dejó una situación que requiere recursos extraordinarios para garantizar la recuperación integral del territorio.

Ávila indicó que el Gobierno está a la espera de una respuesta de la Corte frente a la solicitud de levantar la suspensión de la primera emergencia.

Sin embargo, advirtió que mientras esa decisión no se produzca, no pueden utilizarse las herramientas tributarias previamente expedidas. El Ejecutivo optó por estructurar una nueva declaratoria —formalizada mediante el decreto C-250 de 2026— concentrada en una medida estructural: el impuesto al patrimonio de personas jurídicas.

“Lo que consideramos en esta nueva propuesta es concentrarnos en una sola medida, una medida estructural que tiene como foco el impuesto al patrimonio de personas jurídicas”, explicó.

La estimación preliminar del Ministerio calcula que la emergencia requiere más de 8 billones de pesos para el restablecimiento y la reconstrucción productiva e infraestructural de la región afectada. No obstante, el ministro advirtió que la cifra podría incrementarse a medida que se consoliden los reportes de daños.

El diseño del tributo contempla que las empresas con patrimonios líquidos superiores a 10.000 millones de pesos —es decir, después de descontar deudas— paguen una tarifa del 0,6 %.

En el caso de aquellas cuyo patrimonio líquido supere los 30.000 millones de pesos, la tarifa será del 1,2 %. Según los cálculos oficiales, alrededor de 15.000 empresas asumirían este aporte extraordinario, que regirá únicamente durante 2026.

El ministro defendió la medida al recordar que en 2009 y 2010, tras el fenómeno de La Niña, también se implementó un impuesto a la riqueza con tarifas más altas y umbrales patrimoniales más bajos.

Además, sostuvo que la tasa efectiva de tributación en las empresas con mayores patrimonios es inferior al promedio del sector empresarial, lo que, a su juicio, evidencia una distorsión que justifica concentrar el nuevo gravamen en los mayores capitales.

Frente a las críticas del sector empresarial, que advierte posibles efectos negativos sobre la inversión, Ávila reconoció que la intención inicial del Gobierno era gravar el patrimonio de personas naturales, pero esa alternativa fue suspendida por la Corte y no puede repetirse en esta nueva declaratoria.

El ministro confirmó que el Gobierno evalúa fortalecer el esquema de inversiones forzosas como herramienta para garantizar la reactivación económica en las zonas afectadas. Este mecanismo obliga a las entidades financieras a destinar una porción de sus recursos hacia sectores específicos definidos por el Estado.

Según explicó, aunque ya existen inversiones forzosas canalizadas a través de Finagro y el Banco Agrario, se analiza reforzarlas para asegurar crédito con tasas compensadas al sector agropecuario, uno de los más golpeados por las inundaciones.

Además, se estudia la posibilidad de dirigir recursos adicionales hacia Bancoldex para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas en áreas semiurbanas y urbanas.

Ávila sostuvo que el pacto previo con la banca comercial para dinamizar el crédito no ha sido suficientemente efectivo, por lo que se requiere una intervención más decidida. Aclaró, sin embargo, que no se trata de crear una figura nueva, sino de utilizar instrumentos ya existentes para reorientar recursos del sistema financiero hacia la recuperación productiva.

El ministro también descartó destinar en su totalidad recursos del Sistema General de Regalías, como han propuesto algunos mandatarios regionales. Señaló que la disponibilidad real es inferior a la que se ha mencionado y que concentrar esos fondos en la emergencia implicaría frenar proyectos en otras regiones del país.