David Murcia Guzmán, el empresario condenado por el caso de DMG, presentó una petición formal ante el Ministerio de Justicia mientras permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.
La existencia del documento fue revelada por la defensa del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en un contexto marcado por denuncias cruzadas y señalamientos públicos relacionados con la representación jurídica que ejerció el abogado en el proceso penal contra Murcia.
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La solicitud de indulto presentada por David Murcia Guzmán se conoció luego de que el abogado Germán Calderón hiciera público el documento dirigido al entonces ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre. En el escrito, fechado el 8 de octubre de 2025, el condenado solicita la aplicación de un “Indulto Humanitario” con fundamento en las facultades constitucionales del poder Ejecutivo.
La revelación ocurre días después de que Murcia interpusiera una denuncia disciplinaria contra De la Espriella por presuntas irregularidades ocurridas tras su captura y durante el proceso judicial derivado de su condición como fundador de DMG. En esa actuación, el interno afirmó que el abogado se habría apropiado de 5.000 millones de pesos entregados como honorarios, pese a renunciar posteriormente a la defensa. El candidato presidencial ha rechazado dichos señalamientos.
Petición formal desde la cárcel La Picota
En la comunicación dirigida al Ministerio de Justicia, Murcia señala que actúa en nombre propio y recuerda que se encuentra privado de la libertad en el centro penitenciario La Picota, ubicado en Bogotá. Allí expone un extenso relato sobre el origen, funcionamiento e intervención estatal de la empresa DMG, creada en 2005 como una sociedad dedicada a la comercialización de bienes y servicios mediante tarjetas prepagadas.
Dentro del documento, el solicitante describe el crecimiento de la compañía, la cantidad de clientes vinculados y el proceso de toma de posesión y liquidación judicial adelantado por la Superintendencia de Sociedades. También menciona cifras de bienes, activos y recursos recuperados en ese procedimiento, así como montos devueltos a personas reconocidas dentro del proceso de intervención.
El escrito incluye cuestionamientos a decisiones estatales que, según su versión, derivaron en su captura, extradición y condenas en Colombia y en Estados Unidos. En ese contexto, sostiene que su caso obedecería a una persecución política y afirma que ha sido presentado públicamente como responsable de conductas que, de acuerdo con su relato, no se probaron en distintos escenarios judiciales.
Argumentos jurídicos expuestos en la solicitud
Entre los fundamentos de la petición, Murcia indica que permanece privado de la libertad desde noviembre de 2008 por delitos relacionados con lavado de activos y captación masiva de dinero. Asegura que el tiempo total de detención supera los 200 meses, aunque una decisión judicial solo le habría reconocido 90 meses y algunos días de cumplimiento de pena.
Asimismo, sostiene que fue juzgado en Colombia y posteriormente en Estados Unidos por los mismos hechos, lo que, en su criterio, vulneraría el principio de non bis in idem. En el documento menciona decisiones atribuidas a la Corte Suprema de Justicia de Colombia respecto de otros procesados vinculados al caso DMG que no fueron extraditados.
El solicitante también responsabiliza de su situación a actuaciones adoptadas durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien atribuye decisiones que, según afirma, afectaron sus garantías procesales. Con base en estos elementos, sostiene que “ya he pagado con creces la pena que se me impuso” y que la prolongación de su detención resultaría contraria a los fines de resocialización de la sanción penal.
Razones humanitarias y propuesta de reparación
La petición incluye un apartado de consideraciones humanitarias en el que Murcia describe su origen familiar, el tiempo de reclusión cumplido y su intención de desarrollar iniciativas sociales orientadas a comunidades vulnerables y personas afectadas por la liquidación de DMG.
Entre las propuestas presentadas figura el programa “ReparaEduca - Reparación, Educación y Prevención Financiera”, que contempla la creación de un fondo de restitución para víctimas, centros móviles de capacitación en educación financiera, asesoría legal gratuita y cooperación con entidades estatales para la detección de esquemas de captación ilegal.
El documento menciona además la existencia de una red de apoyo denominada “Comunidad Familia DMG”, integrada por personas que, según el solicitante, respaldan su iniciativa y esperan medidas de reparación complementaria.
Como solicitud final, Murcia pide al Gobierno nacional estudiar su caso y conceder el indulto humanitario al considerar agotadas las vías jurídicas ordinarias y alegar circunstancias excepcionales de carácter constitucional, humanitario y social.
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