La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantendrá la investigación sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, luego de cerrar la apelación presentada por su familia, que solicitaba trasladar el caso a la Fiscalía.
Así lo resolvió la Sección de Apelación, ratificando que este tribunal transicional tiene jurisdicción para indagar sobre la hipótesis de responsabilidad atribuida a exmiembros de las antiguas Farc-EP.
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La decisión, dictada este año, precisa que la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso podrán seguir adelante con otras líneas de investigación, incluidas las que apuntan a eventuales responsabilidades de agentes del Estado o redes criminales.
En este fallo, los magistrados advirtieron que la competencia de la JEP se restringe a la línea investigativa basada en la confesión de exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc, que reconocieron su participación en los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir.
La resolución enfatizó que “la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP”, sin interferir con los procesos ordinarios que siguen otras rutas investigativas.
Este límite fue resaltado para responder a las objeciones de la familia Gómez, que alegan la existencia de una “responsabilidad de Estado” que la JEP no está facultada para abordar.
El panel de la Sección de Apelación subrayó en su decisión que “aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las FARC-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes”.
La postura de la familia, encabezada por Enrique Gómez Martínez y María Mercedes Gómez Escobar, difiere radicalmente de la línea de la JEP. Los familiares del dirigente asesinado sostienen que el magnicidio, perpetrado el 2 de noviembre de 1995 a la salida de una clase en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, respondió a una conspiración en la que participaron altos funcionarios estatales y organizaciones criminales.
Por ese motivo, denunciaron la presunta responsabilidad del expresidente Ernesto Samper y del Cartel del Norte del Valle, además de cuestionar que la JEP fundamente su competencia en “versiones voluntarias no corroboradas” de la extinta guerrilla.
La JEP, por su parte, insistió en que “le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, garantizando que las víctimas “tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.
En su pronunciamiento, la jurisdicción destacó su rol prevalente en casos vinculados con el conflicto armado, sin impedir el avance autónomo de la justicia ordinaria.
En 2020, siete exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP reconocieron públicamente su responsabilidad en los asesinatos de Gómez Hurtado, Huertas Hastamorir, Landazal Reyes y Pizarro Leongómez.
Entre ellos, Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’, admitió su autoría como mando de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan). Según sus declaraciones, el asesinato de Gómez Hurtado obedeció a actos de retaliación motivados por sus posiciones políticas durante la emergencia pública de las “repúblicas independientes”.
Álvaro Gómez Hurtado fue un dirigente emblemático de la vida política de Colombia a lo largo de varias décadas: congresista en repetidas ocasiones, tres veces candidato presidencial, uno de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, y fundador del Movimiento de Salvación Nacional, además de reconocido periodista al frente del diario El Siglo.
Su asesinato y el de José del Cristo Huertas Hastamorir, abogado y funcionario con trayectoria en el DAS, conmocionó al país y fue declarado crimen de lesa humanidad en 2017. Ambos fueron ultimados al salir de la Universidad Sergio Arboleda, en la que Huertas era asistente del propio Gómez en la cátedra de Cultura Colombiana.
El caso continúa abierto y envuelto en disputas judiciales y políticas, atrapado entre las dos interpretaciones que pugnan por prevalecer: la de la versión de la familia Gómez, que insiste en un crimen de Estado, y la que sustenta la JEP sobre la base de las confesiones del antiguo Secretariado de las Farc-EP.
La jurisdicción reiteró que la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación “seguirán ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”.
Familia de Álvaro Gómez Hurtado rechazó decisión de la JEP sobre caso de magnicidio
La familia de Álvaro Gómez Hurtado expresó su rechazo a la decisión de la JEP de mantener la competencia para investigar el asesinato ocurrido en noviembre de 1995, al considerar que no existen pruebas suficientes sobre la responsabilidad de los exintegrantes de las Farc-EP.
El comunicado familiar remarcó que, hasta el momento, “no existe ningún indicio, y mucho menos prueba, que desvirtúe el acervo probatorio acumulado durante años por la justicia ordinaria y que apunta a la hipótesis de un crimen de Estado”. Los allegados insistieron en que los elementos aportados por los exfarc no son sólidos ni concluyentes.
La jurisdicción especial decidió conservar el caso tras rechazar una apelación presentada por la familia, la cual solicitaba que la investigación volviera a la Fiscalía General de la Nación.
En 2020, excomandantes de las Farc enviaron una carta a la jurisdicción adjudicándose el magnicidio y han rendido su versión de los hechos; no obstante, la familia mantiene su escepticismo frente a esa versión.
La familia también manifestó su expectativa de que la aclaración realizada por la Sección de Apelación sobre el alcance de la competencia de la JEP no limite los procesos abiertos ante la Fiscalía ni ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en torno a la posible responsabilidad del expresidente Ernesto Samper.
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