
Orozman Orlando Ostén Blanco, conocido con el alias de Rodrigo Flechas, sería el nuevo segundo cabecilla al mando del Clan del Golfo, autodenomidado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
De acuerdo con información de inteligencia revelado por Caracol Radio, este sujeto de 52 años de edad reemplazará a José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, que murió en un accidente fluvial ocurrido el 30 de enero de 2026 en el río Esmeraldas, cerca del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba.
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Aunque inicialmente se mencionó que un hombre identificado con el sobrenombre de ‘El Cura’, cabecilla del grupo armado en el Pacífico colombiano, iba a ser el sucesor de ‘Gonzalito’, finalmente la organización habría dejado la responsabilidad en Osten Blanco, que cuenta con 13 años de historia criminal en el Clan del Golfo.

Quién es ‘Rodrigo Flechas’
Considerado como hombre de confianza de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo líder del EGC, “Rodrigo Flechas” ha desempeñado funciones de considerable relevancia, como cabecilla en Urabá antioqueño, encargado del narcotráfico y miembro del Estado Mayor.
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El prontuario de Ostén Blanco incluye antecedentes relevantes. Se desmovilizó del Bloque Córdoba de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2005, y permaneció en la clandestinidad durante más de una década, hasta que en 2019 fue identificado como dirigente de la subestructura Juan de Dios Úsuga en el Urabá antioqueño, según detallaron fuentes militares a la cadena radial mencionada.
Hacia 2022 fue designado responsable del narcotráfico, una de las líneas operativas más importantes dentro de la organización.

Un año después, en 2023, fue promovido a tercer cabecilla e incorporado al Estado Mayor. Actualmente, ejerce control sobre zonas del departamento de Sucre, en límites con Córdoba, Bolívar y Antioquia, especialmente en el corredor del Bajo Cauca.
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Las autoridades atribuyen a “Rodrigo Flechas” la instalación de campos minados entre 2019 y 2021 en Tierralta, en la frontera con Antioquia, donde murió un militar y resultaron heridos otros dos.
Además, se le señala por su participación en ataques a la fuerza pública durante el plan pistola de 2022, que provocó la muerte de dos militares y un policía, además de lesiones a otros dos uniformados.
A pesar de estos antecedentes, solo pesa sobre Ostén Blanco una orden de captura por concierto para delinquir emitida en 2022, según informó el medio local H13N.

Suspensión y retoma de diálogos
La última suspensión del proceso, comunicada el 4 de febrero de 2026 por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), se produjo luego de que la organización denunciara públicamente la entrega a Estados Unidos de los nombres de tres presuntos capos del narcotráfico.
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Entre ellos figuraba Chiquito Malo, cuya neutralización, de acuerdo con la versión publicada por el grupo en redes sociales, formaría parte de un acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en la reunión privada del 3 de febrero en la Casa Blanca.
“Por orden del Estado Mayor Conjunto, la delegación de EGC en la mesa de negociación suspenderá provisionalmente las conversaciones con el gobierno para realizar consultas y aclarar la veracidad de la información”, añadiendo que de confirmarse los señalamientos, ello constituiría “un atentado contra la buena fe y los compromisos de la mesa de negociación”.
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Sin embargo, el lunes 9 de febrero se retomaron las conversaciones entre el equipo del Gobierno nacional y el grupo armado, con la participación de observadores internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) y la Conferencia Episcopal de Colombia, además de delegados de la Fuerza Pública y la Procuraduría General de la Nación.
En el encuentro, según comunicó la Consejería Comisionada de Paz, se abordaron cuestiones coyunturales —marcadas por la tensión— y avanzar respecto a los acuerdos firmados en la Declaración del 18 de septiembre de 2025 y los compromisos suscritos en Doha el 5 de diciembre de 2025.
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Durante esa primera fase de negociaciones, las partes habían consensuado puntos como la desvinculación de menores y la sustitución de cultivos ilícitos. En diciembre de 2025, el segundo ciclo derivó en el pacto para establecer tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los departamentos de Chocó y Córdoba, medida actualmente objeto de una demanda ante el Consejo de Estado.
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