La emergencia invernal en el departamento de Córdoba impacta los sectores ganadería y agricultura. Según datos del Fondo Nacional del Ganado y Fedegán, la cifra de reses afectadas por desplazamiento y estrés es de 450.000 cabezas de ganado.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que entre 19.800 y 30.000 hectáreas agrícolas quedaron inundadas en Córdoba, Sucre y Antioquia, al igual que 180.000 hectáreas pecuarias.
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El desafío sanitario también preocupa. Carvajalino subrayó en entrevista con Blu Radio: “Hay mucha mortandad debajo de estas aguas. Es un tema sanitario que hay que controlar rápidamente”.
Para evitar mayores daños, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) reforzó la expedición de guías de movilización, mientras que en Turipaná se han dispuesto 100 hectáreas para alojar temporalmente animales desplazados.
La emergencia invernal en Córdoba resultaría presionando los precios de la carne en el país. Sin embargo, la titular de la cartera explicó que en conjunto con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), realiza un monitoreo semanal del mercado con el fin de evitar cambios en el valor de los productos.
A la par, recalcó que en enero de 2026 se había observado un alza del 11,7%, que el Gobierno atribuye a la presión internacional por las exportaciones a mercados como Rusia y China. La ministra Carvajalino aseguró: “Hoy no tenemos incrementos de precios, riesgos de abastecimiento o informes sobre acaparamiento y especulación”.
Estrategias del Gobierno nacional para afrontar emergencia invernal
Por la magnitud de la tragedia, el Gobierno solicitó al Fondo Nacional del Ganado análisis precisos con el objetivo de modificar normas si así se requiere. La cartera no descartó endurecer medidas sobre las exportaciones: “Estamos estudiando las medidas que sean necesarias para garantizar el abastecimiento interno de la proteína. No hay que descartar en este momento ninguna medida”.
La emergencia obliga a implementar acciones extraordinarias. Entre estas figuran: líneas de crédito para la agricultura campesina, familiar y comunitaria; la priorización del programa FIA en 21 municipios de Córdoba y el fortalecimiento del programa de adquisición de excedentes estacionales del Ministerio de Agricultura. Además, persiste la declaratoria de Área de Protección para la Producción de Alimentos (APAN) en estos municipios para proteger los suelos y restablecer la actividad agropecuaria.
Sobre el costo de recuperación para el departamento, La ministra Carvajalino afirmó al medio citado que “cerca de 700.000 millones de pesos que son necesarios para ayudar al drenaje, al restablecimiento de pastos y al restablecimiento de cultivos”. Esta cifra se suma a una deuda vigente de $1,2 billones en créditos para pequeños productores, lo que ubica la estimación total de inversión en $2 billones.
Frenta al deterioro de los ingresos rurales y el riesgo para la seguridad alimentaria, el Gobierno pondrá en marcha un programa de adquisición de alimentos frescos a productores damnificados, buscando abastecer a las familias afectadas y dinamizar la economía local. La alta funcionaria detalló que “Queremos poner alimentos frescos en las familias que están viviendo la emergencia, pero también ayudar a intensificar y dinamizar la actividad agropecuaria”.
Carvajalino calificó el proceso de recuperación como complejo y a largo plazo, enfatizando la necesidad de restaurar suelos y pasturas una vez bajen las aguas. “Una vez el agua baje, nos toca recuperar esos suelos y empezar a sembrar pasto (…) ojalá podamos empezar a sembrar sistemas silvopastoriles muchísimo más resilientes”, expresó.
La ministra concluyó que la respuesta oficial busca sostener tanto la actividad económica de los ganaderos como el abastecimiento interno de carne y leche en Colombia.
Sumado a las declaraciones de la alta funcionaria, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), precisó a El Tiempo que los fondos estimados se destinarán específicamente a la recuperación de las áreas siniestradas, tomando como referencia antecedentes similares y los informes iniciales de daños.
Carrillo subrayó: “Los 8 billones de pesos corresponden a un estimado para la fase de recuperación de las zonas afectadas, basado en antecedentes históricos y en los daños preliminares.” Además, detalló la existencia de recursos asignados para la atención inmediata de la emergencia, que alcanzarían $190.000.000.000 provenientes de la vigencia 2026.
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