
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia adjudicó $900.000 millones en títulos de tesorería a corto plazo (TCO), herramienta de inversión utilizada para financiar el gasto estatal, durante una subasta desarrollada el 11 de febrero de 2026, con una tasa de interés de corte del 12,849% y vencimiento programado para el 26 de enero de 2027. La demanda superó con amplitud el monto ofrecido, con intenciones de compra que alcanzaron $2,5 billones, es decir, 2,8 veces la cantidad adjudicada, según informó la entidad.
Dicha emisión de TCO se inserta en una estrategia del Gobierno de Gustavo Petro dirigida al fortalecimiento de la liquidez en el tramo corto de la curva de rendimientos del mercado local de capitales. De acuerdo con la cartera que lidera Germán Ávila, el programa busca dinamizar el mercado interno y proporcionar referencias líquidas para atender necesidades inmediatas del Estado.
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La decisión generó fuertes críticas en la esfera pública. El exdirector de Atenea Víctor Saavedra advirtió “la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda nos tiene al borde del abismo fiscal. Deuda al 12,85% a un año. Nos tienen casi con el gota a gota”.

Apuntó que el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, “merece todas las sanciones que le vendrán y responder con su propio patrimonio por tanta irresponsabilidad“. Resaltó los riesgos del sobreendeudamiento y alertó sobre el peso de los intereses elevados para compromisos a corto plazo.
En medio de la situación, el Banco de Bogotá detalló que desde octubre de 2025 la Dirección de Crédito Público implementó una táctica que permitió aumentar la emisión de títulos de tesorería (TES) a largo plazo sin utilizar de forma exclusiva el cupo legal aprobado en el Congreso para el Presupuesto General de la Nación.
El mecanismo consistió en emitir primero TCO, que utilizan su propio cupo de endeudamiento legal como deuda de corto plazo, y luego realizar el canje de esos papeles por TES a más largo plazo. Así, se abrió una “ventana adicional” que posibilitó la colocación de deuda pública de largo plazo por un monto superior al tope sancionado por ley.
Emisiones de deuda superaron el límite en 2025
Además, en 2025, la estrategia permitió a Hacienda emitir cerca de $111 billones en TES, cifra que superó el límite legal establecido en $95,8 billones por el Decreto 1065 del 15 de octubre de 2025. Según el Banco de Bogotá, aunque las subastas y ventas directas a entidades públicas y privadas mantuvieron la emisión dentro del margen legal ($95 billones), fueron los canjes de TCO por TES los que ampliaron esa capacidad.
De igual forma, el informe sostiene que la maniobra implicó la mayor emisión de TES en la historia del país y “dobló el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Una de las principales novedades del mercado colombiano en este periodo ha sido la venta directa de TES a inversionistas privados, práctica inaugurada en diciembre de 2025. El Ministerio de Hacienda colocó $23 billones en TES a la gestora internacional Pimco, de los que cerca de $8 billones provinieron de canjes de TCO.
El mecanismo utilizado fue una venta no competitiva: Pimco aceptó los TES solo a un rendimiento promedio de 13,15%, que superó en 40 puntos básicos (pb) las tasas vigentes del mercado la jornada anterior. El esquema permitió captar recursos al margen de la demanda tradicional, pero a cambio de tasas de interés superiores.
La tendencia de 2026
Durante enero de 2026, la tendencia se mantuvo. El Ministerio emitió TES mediante subastas por $3,6 billones, hizo operaciones directas por $0,2 billones y efectuó canjes de TCO por TES por $5,4 billones. De este modo, la mayor parte de la oferta de deuda provino de las operaciones de canje y ventas directas a privados, los que incrementó los compromisos bajo condiciones financieras más exigentes. El incremento en las emisiones de deuda pública Colombia ocurre en un contexto de ingresos fiscales insuficientes frente a las metas oficiales.

Según el análisis de la entidad, la actual estrategia de endeudamiento, que explota el margen legal por medio de canjes y ventas directas de TES a privados, tensionó los límites institucionales y dejó al Estado más expuesto a escenarios de volatilidad y a mayores costos de financiamiento.
Violación de la ley: prevaricato
En una postura similar, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño cuestionó el mecanismo detallado por el Ministerio de Hacienda. “Se llama violar la ley. Prevaricato. Estas decisiones nos tienen pagando los intereses más altos. Nos endeudamos al 13% a un año“, manifestó.
Londoño insiste en que las condiciones impuestas por estas maniobras representan una carga insostenible y responsabiliza a los responsables de la estrategia crediticia por sus consecuencias.
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