Las recientes lluvias intensas en el departamento de Córdoba han puesto en jaque la capacidad del embalse de la Central Hidroeléctrica Urrá I, forzando a la empresa a abrir compuertas y aumentar las descargas en el río Sinú. Este fenómeno ha tenido un impacto directo en las zonas bajas, donde las inundaciones han superado los niveles habituales y han dejado al descubierto las dificultades de gestión frente a crisis de esta índole.
A esto se suma el anuncio realizado por la Gobernación de Córdoba en la mañana del 11 de febrero de 2026, en el que se ordenó la evacuación inmediata de varias poblaciones ribereñas de la región ante una creciente súbita del río Sinú que podría poner en riesgo a los habitantes.
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La decisión se fundamenta en la alerta máxima mantenida desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) debido al incremento repentino del caudal, que afecta a Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento. A las 8:00 a. m., la Gobernación reiteró el “llamado de evacuar a las comunidades ubicadas en las zonas ribereñas del río Sinú o en zonas inundables”.
El llamado se produce tras semanas de fuertes lluvias que provocaron estragos en la región y mantienen en riesgo a los habitantes asentados en las zonas más vulnerables.
Procuraduría pidió planes de acción urgentes para mitigar los impactos en la salud en Córdoba
La Procuraduría General de la Nación solicitó de manera urgente a las autoridades competentes la ejecución de planes de acción inmediatos en temas de salud ante la emergencia ambiental registrada en el departamento de Córdoba. Esta exigencia responde a la necesidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y evitar el agravamiento de los impactos negativos en la región.
Desde el organismo, se enfatizó que resulta indispensable la intervención articulada de las entidades estatales para contener y mitigar las consecuencias de la situación identificada en el territorio, según informó la entidad. El llamado incluye la pronta adopción de medidas preventivas y correctivas por parte de las autoridades ambiental, sanitaria y de gestión de riesgos.
La Procuraduría subrayó la importancia de realizar un monitoreo constante sobre el avance y eficacia de las acciones implementadas, así como de garantizar la adecuada información a las comunidades. Según la entidad, esta supervisión debe priorizar la protección de la salud pública y la sostenibilidad ambiental en Córdoba, con apoyo técnico y logístico de los organismos nacionales y regionales.
Adicionalmente, el ente de control requirió establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para responder de manera efectiva a la emergencia y asegurar los derechos básicos de los habitantes afectados. La Procuraduría General de la Nación recalcó que “son urgentes las acciones de mitigación que protejan a la población y al entorno”.
Apertura de las compuertas de la Central Hidroeléctrica Urrá I
La rápida crecida del embalse derivó en la apertura de compuertas para evitar un desbordamiento mayor, una decisión que, según las autoridades, resultó en un incremento abrupto de las aguas sobre el cauce del río Sinú. Diversos sectores han señalado la gravedad de la situación en áreas vulnerables, donde la cantidad de agua liberada agravó las inundaciones existentes.
Desde la cuenta oficial en X, el presidente Gustavo Petro calificó los hechos como “la continuación de un crimen ambiental”. El mandatario exigió: “El gerente debe renunciar de inmediato y asumir sus responsabilidades penales”, marcando un precedente en el tono político frente a la gestión de empresas hidroeléctricas en contextos de emergencia.
A raíz de la presión pública, la empresa operadora suspendió el funcionamiento de las turbinas el 4 de febrero. Esta acción interrumpió temporalmente la generación de energía con el objetivo de mitigar el impacto de las inundaciones y reducir la velocidad del vertimiento.
Sin embargo, los efectos negativos persistieron. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reportó que hasta la fecha se han registrado cinco personas fallecidas y 13 barrios inundados a consecuencia del desbordamiento. Las cifras refuerzan la preocupación sobre la responsabilidad de la Central Hidroeléctrica Urrá I y la eficacia de las respuestas institucionales ante desastres ambientales.
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