El Ministerio de Educación Nacional anunció la formulación de cargos contra la Fundación Universitaria San José, su rectora Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez, además de ordenar inspección y vigilancia permanente sobre la institución. La decisión se adoptó en el marco de las investigaciones relacionadas con el denominado caso Juliana Guerrero.
Tras conocerse la medida, las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, quienes habían denunciado presuntas irregularidades en la institución, cuestionaron el alcance de las acciones adoptadas por la cartera educativa y solicitaron decisiones más estrictas.
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De acuerdo con el Ministerio, las medidas preventivas y administrativas fueron adoptadas luego de identificar situaciones que podrían afectar la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo en la Fundación de Educación Superior San José.
La entidad precisó que la decisión hace parte de una investigación de inspección y vigilancia abierta formalmente en noviembre de 2025, la cual se adelanta en dos vías: preventiva y sancionatoria, debido al riesgo de afectación a la prestación del servicio y a la calidad académica.
Según explicó la cartera, la vía preventiva se materializa en la vigilancia especial y en medidas administrativas cuyo objetivo es proteger a los estudiantes, garantizar la validez de los estudios y corregir las irregularidades detectadas. La institución quedará bajo seguimiento permanente para verificar el cumplimiento de sus obligaciones académicas, administrativas y financieras.
No obstante, el Ministerio aclaró que estas disposiciones no implican el cierre de la universidad, por lo que podrá continuar desarrollando sus actividades mientras cumple con las exigencias establecidas.
Jennifer Pedraza: “La medida es insuficiente”
La representante Jennifer Pedraza señaló que, si bien la formulación de cargos constituye un avance, resulta insuficiente frente a la gravedad de las denuncias.
La congresista recordó que, desde marzo de 2025, el Ministerio ya realizaba seguimiento a la institución y que, pese a ello, se habría presentado una presunta irregularidad relacionada con la compra y venta de un título universitario, caso que involucra a la funcionaria del Gobierno Juliana Guerrero.
“Me parece que es una buena noticia, pero aun así es insuficiente porque desde marzo del año pasado supuestamente el Ministerio de Educación ha estado vigilante de la Fundación Universitaria San José y en este trayecto en julio se les coló nada más y nada menos que una compra y venta de un título que fue el caso de Juliana Guerrero”, afirmó según Blu Radio.
Pedraza solicitó al ministro de Educación, Daniel Rojas, la conformación de una mesa de trabajo con estudiantes y egresados, con el fin de revisar alternativas ante la posible afectación del valor de sus títulos en el mercado laboral.
“Le hemos pedido que establezca una mesa de trabajo para ofrecer alternativas a los actuales estudiantes y egresados que están viéndose afectados”, indicó.
En su cuenta en la red social X, la representante también cuestionó que no se haya ordenado la remoción de directivas ni la toma de control de la institución por parte del Ministerio.
“No hay toma de activos ni sustitución de las directivas de la San José. Ya hay imputados por falsos títulos y todavía siguen los mismos directivos allá”, escribió.
Catherine Juvinao pide intervención directa
Por su parte, la representante Catherine Juvinao sostuvo que las medidas anunciadas no corresponden a la magnitud de las denuncias conocidas públicamente.
“Una medida verdaderamente drástica frente a lo que ya no es solamente un escándalo de presunta expedición de títulos irregulares, sino también de contratación posiblemente irregular con entidades públicas, ameritaba mínimo una intervención”, señaló según lo expuesto por Blu Radio.
Juvinao manifestó que la decisión de solicitar planes de mejoramiento a las mismas directivas cuestionadas no garantiza un cambio estructural dentro de la institución.
“Las medidas más drásticas incluían una intervención en la universidad: remoción de directivas y toma total del control por parte del Ministerio”, expresó también en X.
Contexto del caso Juliana Guerrero
El caso tomó relevancia tras conocerse denuncias según las cuales Juliana Guerrero, funcionaria del Gobierno nacional, se habría graduado sin asistir a clases y sin presentar la Prueba Saber Pro, requisito obligatorio para obtener el título profesional en Colombia.
Las denuncias también apuntan a la presunta expedición irregular de títulos y a posibles inconsistencias en procesos administrativos de la institución.
En ese contexto, la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones relacionadas con falsos títulos, mientras que el Ministerio de Educación mantiene la inspección especial sobre la Fundación San José.
Impacto en la comunidad académica
Uno de los puntos centrales del debate es la situación de los estudiantes y egresados de la institución, quienes podrían enfrentar consecuencias en términos de credibilidad y reconocimiento de sus títulos.
El Ministerio reiteró que la vigilancia especial tiene como propósito garantizar la continuidad del servicio educativo y la validez de los estudios realizados, evitando perjuicios a la comunidad académica.
Sin embargo, las congresistas insisten en que la gravedad de los hechos denunciados exige medidas adicionales para restablecer la confianza en la institución y en los mecanismos de supervisión estatal.
La investigación continúa en curso y las decisiones adoptadas por el Ministerio seguirán bajo observación mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con el caso.
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