Durante una visita a Paz de Ariporo, en Casanare, el expresidente de la República y candidato al Senado Álvaro Uribe Vélez lanzó el martes 10 de febrero de 2026 una dura advertencia sobre el enfoque en seguridad que adoptaría un eventual gobierno de la senadora Paloma Valencia. Al ser uno de los abanderados de la política de seguridad democrática en el país, ya adelantó lo que sería la primera noche bajo la administración de la congresista caucana.
Según Uribe, la prioridad inmediata de la posible mandataria sería enfrentar a los grupos criminales. “Lo primero que tienen que decir es que el 7 de agosto empieza una nueva política de seguridad. Yo creo que en la noche del 7 al 8 de agosto no van a pasar tranquilos los delincuentes. Adviértanles, porque es muy duro”, indicó el exmandatario en el encuentro con sus simpatizantes, en medio de la preocupación por la seguridad en los territorios.
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Es válido precisar que Valencia ha basado su campaña bajo el lema “Vivir sin miedo”, en respuesta a la percepción de inseguridad que domina distintas regiones del país. Es por ello que durante este evento, Uribe enfatizó la necesidad de un Gobierno “que quiera a los ciudadanos y que no contemple a los criminales”, pues la nueva administración está lista para actuar con “mano firme” contra la ilegalidad y, de esta manera, restaurar el orden y la legalidad en Colombia.
¿En qué consiste la propuesta de seguridad de Álvaro Uribe?
La propuesta de seguridad de Valencia se estructura en torno a las llamadas 4 “R”, con las que busca obtener el apoyo de los que quieren un giro en este ámbito: Reducir los ingresos de los ilegales, Robustecer la Fuerza Pública, Re-enamorar a las comunidades y Restablecer la legalidad. De esta manera, la senadora plantea de entrada una política frontal contra el narcotráfico, con fumigación de cultivos ilícitos, destruir laboratorios e incautar precursores químicos.

Además, promueve la extinción de dominio como herramienta para confiscar bienes y recursos a grupos criminales y organizaciones de minería ilegal. Entretanto, en lo que respecta al fortalecimiento de la fuerza pública, Valencia propone un “Plan Colombia 2.0”, que contempla una alianza estratégica con Estados Unidos y con Israel, para adquirir tecnología de punta, como drones y sistemas de inteligencia, además de ofrecer beneficios para militares y policías.
En respaldo a este plan, Uribe señaló que muchos ciudadanos viven bajo amenaza de extorsión. “Muchos de ustedes dicen a uno al oído, me extorsionan y no tengo de otra que pagar. Eso hay que acabarlo, por favor. Este país tiene que ser un país tranquilo para los ciudadanos, para todos los ciudadanos”, indicó durante la reunión, en la que insistió en la urgencia de devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas por la violencia y la criminalidad.
En ese orden de ideas, el tercer eje de la estrategia, retoma los programas cívicomilitares que impulsaron presencia estatal en zonas rurales. Valencia buscaría reactivar iniciativas donde la fuerza pública participe directamente en el desarrollo de proyectos productivos, y acompañar procesos de sustitución obligatoria de cultivos ilícitos, por lo que sugirió, convertir a los campesinos en socios de empresas de transformación y así ofrecer alternativas sostenibles.
Y en el último componente, lo que pretendería es plantear una política de cero impunidad. Valencia ha expresado que los criminales deben cumplir penas de prisión y no ocupar cargos en el Congreso ni actuar como gestores de paz, por lo que reiteró la importancia de garantizar la presencia efectiva de instituciones de justicia en todo el territorio nacional; idea en la que concuerda Uribe, que señaló que el país requiere una administración que sea severa con el crimen.
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