Percepción de la corrupción en Colombia empeoró en 2025: claves para entender por qué no se supera

La corrupción sigue siendo un problema que permea a Colombia y que parece no estar siendo atendido correctamente en la actual administración, a cargo del presidente Gustavo Petro. La corporación Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional, presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, y estos muestran una realidad desfavorable del país en la materia.

El IPC es el indicador global más relevante para medir la percepción de corrupción en el sector público. Evalúa a 182 países y territorios a partir de datos recopilados en 2024 a través de análisis de política pública, investigaciones académicas, seguimiento a compromisos anticorrupción y cobertura periodística nacional e internacional.

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Según esta medición, que involucró el estudio de 13 fuentes de información provenientes de 12 instituciones, como organismos multilaterales, consultoras y centros de pensamiento, Colombia obtuvo una baja calificación en 2025: alcanzó 37 puntos sobre 100, siendo 0 una percepción muy alta de corrupción y 100 una percepción muy baja. El hecho de que un país se ubique por debajo de 50 puntos quiere decir que tiene “serias debilidades” en su capacidad institucional para enfrentar el flagelo y en la integridad pública.

El puntaje que obtuvo Colombia lo llevó a ocupar el puesto 99 entre 182 países analizados en el estudio. Además, pone en evidencia un retroceso en la percepción de la corrupción, teniendo en cuenta que en 2024 el país estuvo en el puesto 92 y tuvo 39 puntos sobre 100. Adicionalmente, en 2023 logró obtener 40 puntos, siendo el mejor puntaje que haya reportado en la última década.

En 2025, el país apenas superó a otros países de las Américas como Argentina (36), Brasil (35), Ecuador (33) y Panamá (33), y fue superado por Canadá (75), Uruguay (73) y Chile (63). Además, está muy lejos de naciones como Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84).

¿Por qué Colombia no mejora en materia de corrupción?

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, explicó a Infobae Colombia qué está pasando en el país y por qué los resultados son tan negativos, pese a los esfuerzos de los gobiernos de turno para combatir la corrupción. Según detalló, el robo de recursos públicos y la búsqueda de beneficios propios persisten y se tornan cada vez más complejos para quienes buscan enfrentarlos. El problema es aún mayor teniendo en cuenta que el flagelo está permeando, incluso, las esferas más cercanas al Gobierno.

“Seguimos evidenciando unos grandes escándalos de corrupción, cada vez más sofisticados y complejos, que involucran grandes presupuestos públicos, que involucran a tomadores de decisión en el alto nivel del Gobierno, del Estado, y que generan unos impactos cada vez más amplios, un número enorme de víctimas y una gran cantidad de daños que no están siendo reparados”, precisó Hernández.

Una de las razones por las que esta problemática se mantiene en el territorio nacional es, según Hernández, la falta de implementación de una política pública que se convierta en una política de Estado y que logre ser ejecutada de manera continua. En 2018, cuando algunos políticos impulsaron la consulta popular anticorrupción, se hizo énfasis en la expedición de normas orientadas a combatir eficazmente el problema, pero su implementación no ha sido efectiva.

Aunado a ello, según el director, en la actual administración no se ha evidenciado que la lucha contra la corrupción sea una prioridad, una situación que se refuerza con el hecho de que se han registrado todo tipo de escándalos de corrupción que salpican a miembros cercanos al presidente y a su propia familia.

“Hemos pasado a que la agenda anticorrupción esté en un segundo lugar de importancia del Gobierno, segundo o tercero, si se quiere; no ha llevado la prioridad que necesita. Y alrededor de esto, además, ha habido unos escándalos de corrupción en el círculo íntimo del presidente de la República, en su familia, en sus colaboradores más cercanos, y esto, evidentemente, tiene una afectación muy fuerte”, explicó.

Uno de los hechos de corrupción más sonados del Gobierno Petro es el entramado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que consistió en el direccionamiento de contratos y el desvío de recursos públicos; miembros del Gobierno Petro, funcionarios de la entidad, contratistas y congresistas estuvieron involucrados y, al parecer, el objetivo de esta estrategia ilícita era promover los proyectos sociales oficialistas en el Legislativo a través de sobornos.

Por otro lado, Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del primer mandatario, está siendo investigado en dos procesos distintos. Uno de ellos es por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y el otro es por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

“Es muy difícil pedirle una transformación de fondo al país cuando otra vez la gente está viendo casi que semana tras semana un nuevo escándalo de corrupción de una persona que estuvo cercana al presidente de la República”, señaló.

En ese sentido, a juicio de Hernández, y con base en la evaluación realizada, otra de las razones por las cuales los resultados empeoraron en Colombia es la falta de líderes que actúen con coherencia durante su gestión. Pues, la responsabilidad recae, en buena parte, en la Presidencia de la República, que debe jalonar las acciones anticorrupción y trabajar de la mano con las demás entidades e instituciones para combatirla. “Esto necesita un liderazgo muy claro, muy contundente y muy coherente”, dijo.

También se requiere de una estrategia integral orientada en la prevención y en el enfoque sancionatorio. Según explicó, en el caso del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se cuenta con un plan de desarrollo con “elementos interesantes”, pero que no conforman una “estrategia nacional” que verdaderamente convoque y articule acciones en distintas entidades.

En el aspecto preventivo, uno de los puntos que requiere de un abordaje serio es la contratación pública, que tiene “muchísimos vacíos”, puesto que tiene injerencia política. “Si el modo de hacer sigue siendo repartir cupos indicativos con el Congreso de la República para lograr apoyos, pues claramente hay una incoherencia permanente, pero además hay casi que una luz verde para que la corrupción siga fluyendo”, detalló.

Sobre el aspecto sancionatorio, Hernández resaltó la importancia de que se garantice la independencia judicial, la protección de los denunciantes, la recuperación de recursos robados y la reparación de daños. También es necesario respetar la separación de poderes y coordinar tareas con las entidades. Aseguró que no es posible progresar en la materia si desde la administración se tiende a descalificar a las ramas del poder o a generar tensiones con las entidades.

De igual manera, se debe cuidar la imagen que se tiene del país a nivel internacional, para lo cual es fundamental la toma de decisiones que vayan acordes con la lucha anticorrupción, algo que, desde su perspectiva, no se ha cumplido del todo en el Gobierno actual. Recordó que, en su momento, concedió asilo al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, condenado por corrupción. “Está dándole al mundo una señal de que aquí en Colombia se está protegiendo a los corruptos de otros países”, advirtió.

Por otro lado, los esfuerzos que, a juicio del funcionario, van por buen camino son:

• Apuestas para promover la denuncia de hechos de corrupción.
• La línea de lucha contra la corrupción que está liderando la Dijín en la Policía Nacional.
• Política de transparencia y lucha contra la corrupción en algunos sectores, como en el de defensa y el ambiental.
• Datos públicos alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Con todo esto, el director de la corporación insistió en que la lucha contra la corrupción debe estar encabezada por un Gobierno coherente, que ponga a andar una estrategia conjunta con las entidades competentes y que garantice la libertad de expresión de investigadores y periodistas, así como el trabajo autónomo de la justicia.

“No hay país que esté libre de corrupción en el sentido de que no haya enfrentado ningún escándalo (…). La gran diferencia es que aquí existen unas instituciones y unas condiciones para hacer el control y la sanción de esos hechos de corrupción de manera mucho más efectiva. Eso es lo que marca la diferencia entre un país que está en el top, frente a un país que está abajo”, indicó.