Fiscalía fijó audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa por violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente

El proceso judicial contra Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y actual presidente de Ecopetrol, avanza en la Fiscalía General de la Nación luego de que se formalizara una imputación de cargos relacionada con presuntas irregularidades en la financiación electoral y otras actuaciones bajo investigación penal. La actuación se enmarca en indagaciones que involucran la contabilidad de la campaña, el origen de algunos recursos y decisiones posteriores atribuidas al directivo.

El ente acusador confirmó que el expediente contempla conductas asociadas a violación de topes electorales y tráfico de influencias, derivadas de hallazgos remitidos por autoridades electorales y de indagaciones propias de la Dirección contra la Corrupción. El caso se concentra en la responsabilidad que habría tenido Roa como gerente de campaña en la administración de los recursos y en actuaciones posteriores relacionadas con su patrimonio y vínculos contractuales.

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Así las cosas, el 12 de marzo se realizará la audiencia de imputación por el delito de violación de topes de campaña, diligencia que estará a cargo del fiscal anticorrupción Elkin Ardila Espinosa. Previamente, el lunes 9 de febrero de 2026, el ente acusador había radicado formalmente la imputación contra el directivo.

El delegado contra la criminalidad organizada, Raúl Humberto González Flechas, precisó que la imputación no incluye solicitud de medida de aseguramiento contra el presidente de Ecopetrol, lo que delimita el alcance inmediato de la actuación penal mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes.

Hallazgos sobre financiación electoral

De acuerdo con la investigación adelantada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada del Consejo Nacional Electoral, posteriormente remitida a la Fiscalía, la campaña presidencial habría superado los límites de gasto permitidos en 5.300 millones de pesos, distribuidos en 3.700 millones correspondientes a la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda, montos que no habrían sido reportados en su totalidad.

“Se determinó que efectivamente la campaña electoral del Partido Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral. Y en ese sentido, él como gerente de campaña, pues tiene la responsabilidad directa sobre esa superación en los topes permitidos”, explicó Raúl Humberto González Flechas. Según el ente acusador, la función de Roa implicaba el manejo de la documentación financiera y el control de los reportes contables.

Entre las irregularidades señaladas se encuentra la presencia de aportes del sindicato de maestros Fecode, contratos de publicidad en Caracol TV, pagos a testigos electorales y una contribución de la Unión Patriótica que no habrían sido incluidos en los informes oficiales de la campaña. El fallo del órgano electoral también documentó fuentes de financiación expresamente prohibidas, como un aporte de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y pagos gestionados por Ingenial Media SAS para testigos electorales.

Dentro de las personas bajo supervisión por posibles inconsistencias en las cuentas aparece Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, mencionado en el contexto de la revisión de movimientos financieros vinculados a la campaña.

Investigación por presunto tráfico de influencias

La Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía también examinó la compra de un inmueble en Bogotá por parte de Roa. Según el expediente, se trata de un penthouse adquirido en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos, valor inferior a referencias de mercado dentro del mismo edificio, donde un apartamento de menor tamaño se habría vendido previamente por 1.000 millones.

El vendedor fue la empresa Princeton International, asociada al empresario del sector petrolero Serafino Iácono. Durante su interrogatorio, Roa manifestó que desconocía la procedencia del vendedor al momento de la negociación. En relación con las obras realizadas en el inmueble, la Fiscalía advirtió una diferencia entre lo declarado por el directivo y lo señalado por el arquitecto responsable: mientras Roa reportó costos cercanos a 300 millones de pesos, el profesional indicó que los gastos superaron los 2.300 millones, con pagos en efectivo por cerca de 2.000 millones, aspecto que es objeto de verificación para establecer el origen de los recursos.

Las indagaciones también buscan determinar si terceros habrían financiado la operación, entre ellos el empresario William Vélez, con el que Roa tuvo vínculos laborales previos. Sobre este punto, el delegado de la Fiscalía indicó: “Un tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento”.

La Fiscalía fijó además el 11 de marzo como fecha de imputación por el delito de tráfico de influencias, diligencia separada de la relacionada con la financiación electoral. Con estas actuaciones, el proceso judicial entra en una etapa formal en la que se expondrán los cargos ante un juez de control de garantías, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos señalados en el expediente.