Defensa de Álvaro Uribe recusó a magistrados de la Corte Suprema en caso del ‘narcopiloto’

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabezada por el abogado penalista Jaime Granados, recusó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes y Marco Antonio Rueda, al argumentar que sus intervenciones públicas en contra del líder del Centro Democrático afectan las garantías procesales.

La Corte Suprema de Justicia inició diligencias para determinar la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso que se sigue en su contra por presuntas irregularidades en la campaña al Senado de la República en 2018.

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El alto tribunal indaga el aporte de 20 millones de pesos a su campaña al Congreso, así como el viaje realizado con la empresa Navir Air, vinculada a Samuel David Niño, a quien se le atribuyen supuestos nexos con el narcotráfico.

Jaime Granados aseguró en su recusación que existen diferentes registros de señalamientos de los magistrados Reyes y Rueda contra el exmandatario colombiano.

“Mediante la presente solicitud se expondrá cómo los magistrados César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto, a través de manifestaciones, actuaciones y valoraciones verificables en el ejercicio de su función jurisdiccional, han comprometido gravemente la garantía de imparcialidad judicial, tanto en su dimensión objetiva como en la indispensable apariencia de neutralidad que debe caracterizar la función de instrucción penal”, indicó la defensa de Uribe Vélez.

La defensa del ahora candidato al Senado para el periodo 2026-2030 señaló que los magistrados han emitido señalamientos en expedientes contra el exmandatario.

Recordó el episodio ocurrido en 2020 con el magistrado Reyes, cuando fue ponente que ordenó la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe en el caso de supuesta manipulación de testigos, que se encuentra en su periodo de casación.

“(...) Se demostró que, a partir de valoraciones anticipadas, lenguaje conclusivo y tomas de posición previas frente a hechos y conductas atribuidas al doctor Álvaro Uribe Vélez, exteriorizadas tanto en providencias judiciales como en aclaraciones de voto suscritas por ambos magistrados, se ha configurado una duda razonable y objetivamente justificada sobre su aptitud para conocer la presente actuación con la distancia institucional exigida por la Constitución, la ley y los estándares convencionales”, se lee en la recusación.

Jaime Granados señaló que se deben garantizar los derechos al debido proceso, que, en caso, se permita la continuidad de los magistrados, afectaría gravemente la imparcialidad del proceso.

“El único curso de acción compatible con la garantía judicial de imparcialidad y con la confianza que debe inspirar la administración de justicia es que los magistrados César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto se aparten del conocimiento del presente radicado”, indica la defensa del expresidente Uribe.

El abogado Jaime Granados sostiene que la investigación actual responde a una supuesta persecución política dirigida contra el expresidente Álvaro Uribe. Según su visión, las nuevas pesquisas se basan en denuncias anónimas y buscan mantener la presión judicial sobre su cliente. “Se trata de una nueva investigación basada en anónimos para mantener el asedio y persecución a Álvaro Uribe por parte del magistrado César Reyes”, dijo a Semana.

Granados también señaló que en 2018 no existían antecedentes judiciales contra Samuel Niño, quien está relacionado con el caso por presuntos nexos con el narcotráfico. El abogado afirmó que no se puede exigir a una campaña que tenga herramientas superiores a las del Estado para identificar posibles infractores. “No se puede exigir a una campaña que tenga capacidades de inteligencia superiores a las del Estado para detectar presuntos criminales”.

El abogado adelantó que presentará una recusación contra el magistrado César Reyes, considerando que este ha perdido la objetividad requerida para analizar cualquier proceso relacionado con la familia Uribe. La defensa interpreta la apertura de este proceso como una reacción política ante la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró la inocencia de Uribe en el caso de fraude procesal.