Un fallo judicial de Bogotá determinó la devolución de 40 inmuebles, empresas y ganado a la familia de José Guillermo ‘el Ñeñe’ Hernández. La decisión, emitida por el Juzgado Sexto Penal de Extinción de Dominio, revoca la medida que desde 2019 mantenía bajo custodia bienes valorados en más de 480.000 millones de pesos. Según informó El Espectador, el juez concluyó que no existen pruebas suficientes para acreditar que el patrimonio incautado proviene de actividades ilícitas.
José Guillermo ‘el Ñeñe’ Hernández fue asesinado en 2019 en Brasil durante un asalto en el que le robaron un reloj Rolex. El ganadero, reconocido en el departamento del Cesar, enfrentaba investigaciones por presuntos vínculos con estructuras criminales y lavado de activos. Un mes después de su muerte, la Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio haciendas, empresas, vehículos y ganado pertenecientes a Hernández y su familia.
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La ocupación de estos bienes se produjo en el marco de una indagación sobre supuestos nexos con el clan de Marcos Figueroa, alias ‘Marquitos’, señalado narcotraficante de La Guajira. El proceso incluyó sociedades como Inversiones Hernández López y La Gloria Ganadería, además de más de 7.500 cabezas de ganado.
Un fallo de 235 páginas: argumentos y falta de pruebas
La sentencia de primera instancia, que consta de 235 páginas, ordena restituir de inmediato los bienes a Lina López (esposa de Hernández) y a sus hijos José Miguel y Juan David. El fallo, conocido por El Espectador, detalla que la Fiscalía no presentó ningún estudio técnico-patrimonial que analizara la situación económica de Hernández. De acuerdo con el juez, el informe de la DIJIN de enero de 2020 y el informe de la Policía Judicial de septiembre de 2019 no contienen análisis financiero sobre el afectado.
El principal testigo del caso, José Carlos García Cataño, alias ‘La Penca’, no aportó información específica sobre los inmuebles objeto de la extinción.
“No aparecen en las declaraciones las matrículas inmobiliarias, ni direcciones exactas, ni nombres de predios que permitan individualizar los bienes perseguidos. La única referencia concreta a un inmueble del afectado se limita a una finca ‘por Cartagena’ de la cual el declarante admitió: ‘no recuerdo el nombre’”, señala la decisión judicial según el medio ya mencionado.
Defensa y justificación patrimonial
La defensa de los herederos de Hernández presentó informes técnicos y contables que acreditan la justificación patrimonial de los bienes. Según estos documentos, el patrimonio familiar tiene origen en décadas de trabajo en el sector agropecuario.
Un peritaje presentado a la justicia, citado por El Espectador estableció que Hernández declaró ingresos entre 2002 y 2017 por 20.702 millones de pesos, con pasivos de 2.465 millones en ese periodo.
En el caso de Inversiones Hernández López, la empresa obtuvo ingresos por 12.900 millones de pesos entre 2002 y 2018. La otra sociedad, La Gloria Ganadería, adquirió 18 inmuebles por 1.815 millones de pesos, operaciones que, según los informes forenses, se respaldaron con recursos de terceros y no presentaron evidencias de financiación ilícita.
Desvinculación de la ‘Ñeñepolítica’ y archivo de investigaciones
El nombre de ‘el Ñeñe’ Hernández también se relacionó con la llamada ‘Ñeñepolítica’, un escándalo por audios que lo vinculaban a supuestos aportes irregulares a la campaña presidencial de Iván Duque. Tanto la Fiscalía como el Consejo Nacional Electoral (CNE) archivaron la investigación al no encontrar irregularidades. En julio de 2022 la Fiscalía cerró el expediente y el CNE no halló pruebas de delito electoral.
El fallo y la devolución de bienes
La sentencia judicial niega la extinción de dominio sobre un apartamento en la calle 104 con carrera 19, en el norte de Bogotá, otro en el edificio Cale de Valledupar, la finca Sabanas Nuevas en la vereda Los Venados, un lote y otro predio en la capital del Cesar, además de más de 1.400 cabezas de ganado distribuidas en varios predios como Rancho Pando, Casa Nueva, Sabanas Nuevas y Venecia.
El juez también ordenó levantar las medidas cautelares sobre empresas ganaderas y bienes muebles. Se instruyó a las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos, Secretarías de Movilidad, Cámaras de Comercio y al Instituto Agropecuario Colombiano (ICA) para que actualicen la situación jurídica de los activos.
Fundamento legal y reacción del juzgado
En la decisión, el juez argumentó que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar el nexo causal entre los bienes y actividades ilícitas. Se indicó que la actividad probatoria resultó insuficiente para sostener la acción de extinción.
Según el fallo citado por El Tiempo, “todos los ingresos y créditos obtenidos por la empresa se encuentran soportados, no se observan ingresos de actividades ilícitas; por lo tanto, el crecimiento de la sociedad ha sido apalancado con fuentes de financiación lícitas”.
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