Tribunal de Cundinamarca falló a favor de especies marinas en peligro al imponer nuevas exigencias a la pesca industrial

Una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Colombia obliga a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) a implementar un sistema obligatorio de monitoreo electrónico en la pesca industrial con palangre, medida que busca proteger especies marinas en peligro como tiburones, tortugas y aves marinas, dada la insuficiencia de los controles actuales para evitar la pesca incidental de animales vulnerables.

La decisión judicial enfatiza que, mientras no exista información fiable y vigilancia permanente, no puede garantizarse la sostenibilidad de la pesca industrial ni la conservación del equilibrio ecológico.

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El fallo, que constituye un precedente relevante para la protección ambiental, ordena la creación e implementación de un programa de monitoreo electrónico como complemento y no sustituto del sistema actual de observadores humanos a bordo.

Entre las herramientas estarán cámaras en las embarcaciones, sistemas de geolocalización, sensores en los dispositivos de pesca y un registro digital de las capturas. El objetivo es lograr trazabilidad, transparencia y datos verificables, permitiendo saber con precisión qué especies son capturadas accidentalmente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resaltó en su sentencia que el Estado colombiano carece de mecanismos adecuados para vigilar de modo efectivo la pesca incidental de especies amenazadas, lo que vulnera los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la conservación de la fauna marina.

Esta ausencia de información confiable sobre la pesca incidental constituye, según el tribunal, una amenaza concreta para los tiburones, rayas, quimeras, tortugas y aves marinas, que poseen un régimen especial de protección ambiental.

El fallo indica: “Sin datos sólidos no es posible afirmar que el impacto ambiental sea bajo” y destaca que la pesca industrial con palangre solo será sostenible cuando esté acompañada de controles verificables.

Por medio del uso de palangre, una técnica que se basa en largas líneas con cientos o miles de anzuelos para capturar especies como atún y pez espada, la industria pesquera colombiana enfrenta el desafío de las capturas accidentales de animales en riesgo de extinción.

El proceso judicial demostró que el método de observadores humanos vigente resulta insuficiente, ya que no cubre todas las faenas pesqueras, depende de recursos públicos limitados, puede verse perjudicado por las condiciones en altamar y no garantiza registros completos y verificables de las capturas incidentales.

El tribunal recalcó: “La ausencia de información confiable sobre la pesca incidental ya es, en sí misma, una amenaza para los derechos colectivos”.

La sentencia se respalda explícitamente en el principio de precaución ambiental. Este principio obliga al Estado a intervenir y tomar medidas preventivas incluso cuando no exista plena certidumbre científica, siempre que existan indicios razonables de un riesgo grave o irreversible para el ambiente, postura que el tribunal aplicó a partir de los riesgos probados para la fauna marina.

No se trata de una prohibición inmediata de la pesca con palangre, pero la decisión advierte que la pesca industrial solo será permitida bajo la condición de control real y verificable.

La sentencia subraya que la falta de vigilancia ambiental oportuna no puede justificar la continuidad de actividades productivas legales cuando ellas puedan comprometer la supervivencia de las especies protegidas.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca regula la actividad pesquera y acuícola en el país

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), adscrita al Ministerio de Agricultura de Colombia desde 2011, tiene como misión el desarrollo sostenible y la producción responsable de los recursos pesqueros en el país.

Entre sus prioridades, la Aunap gestiona el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (Sepec), lo que le permite recopilar datos sobre consumo y comercialización del sector. Además, impulsa la competitividad y el bienestar social tanto de pescadores como de acuicultores.

Como parte de sus funciones, la autoridad administra el aprovechamiento de los recursos, regula sanciones para garantizar la sostenibilidad, fomenta la piscicultura y la acuicultura ornamental, y desarrolla investigaciones técnicas y científicas que orientan las decisiones en el sector.