El anuncio del Ministerio de Hacienda de reducir en $500 pesos el precio del galón de gasolina, a partir del próximo 1 de febrero, lejos de generar consenso, abrió un nuevo frente de críticas desde sectores técnicos, jurídicos y políticos.
Para varios expertos, la medida resulta insuficiente, engañosa y desconectada de la realidad matemática que hoy rige el mercado de los combustibles en Colombia.
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El Gobierno justificó la decisión en la reciente caída de la tasa de cambio —que ronda los $3.700 pesos— y en el comportamiento del precio internacional del crudo. Sin embargo, quienes cuestionan el anuncio aseguran que esas mismas variables permitirían una reducción mucho mayor en el precio final que pagan los consumidores.
Una rebaja mínima frente a un sobrecosto millonario
De acuerdo con los cálculos presentados dentro de una Acción Popular que actualmente cursa en los tribunales, el problema no es de cientos, sino de miles de pesos. El abogado y analista David Cote, impulsor de la demanda colectiva, sostuvo que los colombianos continúan pagando un sobrecosto significativo en cada galón de gasolina, muy por encima de lo que indica la paridad internacional real.
“Que no se dejen engañar. El Gobierno anuncia con bombos y platillos una rebaja de $500 pesos, pero la realidad técnica es que hoy los colombianos están pagando un sobrecosto de $3.249 pesos por galón”, afirmó Cote. Según explicó, la reducción anunciada equivale apenas a devolver una fracción mínima de lo que, en su concepto, se ha cobrado de más durante meses.
El experto aseguró que, si se aplicara correctamente la fórmula tarifaria teniendo en cuenta la caída del dólar y del petróleo, el ajuste inmediato debería superar los $2.500 pesos por galón. “Nos devuelven las monedas para quedarse con los billetes”, agregó.
El factor electoral detrás del anuncio
Más allá del debate técnico, uno de los elementos que más ha llamado la atención es el momento en que se produce la reducción. La decisión se conoce a menos de dos meses de las elecciones legislativas de marzo de 2026, lo que ha despertado suspicacias sobre un posible trasfondo electoral.
Para el analista, el ajuste tiene un carácter “cosmético” y responde más a cálculos políticos que a una política fiscal estructural. “Durante tres años subieron el precio de la gasolina de manera implacable, amparados en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Ahora, justo cuando necesitan votos, descubren que sí pueden bajarlo”, señaló Cote.
Desde esta óptica, la reducción sería una señal dirigida al electorado urbano, uno de los más sensibles al costo de los combustibles, pero sin atacar el fondo del problema que, según los críticos, sigue siendo la fórmula de cálculo utilizada por el Gobierno.
La demanda sigue en los tribunales
La Acción Popular interpuesta por el equipo jurídico de Cote continúa su curso, con el objetivo de que se revise y ajuste de manera técnica la fórmula tarifaria de los combustibles. La exigencia central no es un gesto discrecional del Ejecutivo, sino que el precio refleje de manera fiel el valor internacional real, sin sobrecostos adicionales para los consumidores.
“El reclamo es simple: que los colombianos paguen lo justo, ni un peso más ni un peso menos”, reiteró el abogado. En ese sentido, insistió en que la rebaja de $500 pesos no resuelve el problema de fondo y no puede presentarse como un alivio significativo para los hogares y los sectores productivos.
Cote cerró con un mensaje directo a la ciudadanía: “Reciban los $500 pesos, porque es su dinero, pero no entreguen su voto a cambio. Seguiremos en los tribunales hasta recuperar los otros $2.750 pesos que nos siguen cobrando de más cada vez que tanqueamos”.
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