Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido como alias Ñoño, fue entregado el 7 de febrero en extradición a las autoridades en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
Su entrega responde a acusaciones graves por secuestro, tortura y asesinato de su hija, además de estar vinculado a otros delitos cometidos en Buenaventura tras una prolongada operación internacional.
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Funcionarios de Migración Colombia recibieron a Flórez Moreno y lo pusieron bajo custodia para enfrentar los procesos judiciales en su contra.
El extraditado está solicitado por el asesinato de una menor de cuatro años y tiene procesos pendientes por desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.
Como cabecilla de la estructura criminal Los Shottas, alias Ñoño figuraba en el cartel de los más buscados en Buenaventura. La Gobernación del Valle del Cauca ofrecía hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura.
Su ubicación fue posible tras más de un año de investigaciones, que condujeron a la emisión de una circular roja de Interpol. Las autoridades lo buscaron en países del sur de América, especialmente en Argentina y Chile, donde también era considerado uno de los delincuentes más buscados.
La operación que culminó con la extradición fue resultado de la cooperación internacional entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Interpol y las autoridades colombianas, lo que permite profundizar el combate a las estructuras criminales y el avance de procesos judiciales relevantes en el país.
Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, señaló que la entrega de Flórez Moreno significa un avance contra la impunidad y destaca el papel central de la colaboración entre organismos nacionales y extranjeros. Este caso ilustra cómo el trabajo coordinado dentro de la política oficial permite fortalecer la justicia y responder ante los crímenes más graves.
La extradición de Pipe Tuluá marca nuevo récord durante el Gobierno Petro
La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá, a Estados Unidos, representa un hito en la política judicial del Gobierno de Gustavo Petro.
Este traslado, realizado bajo estrictas medidas de seguridad desde la Estación de Policía Los Mártires hasta la Base Aérea de Catam en Bogotá, respondió a una orden presidencial que aceleró el procedimiento tras denuncias de intentos de soborno para obstaculizar la entrega a las autoridades estadounidenses.
El operativo puso de manifiesto la prioridad otorgada al caso dentro del Ejecutivo colombiano y expuso el peso simbólico de la medida en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.
Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la decisión presidencial impulsó la extradición sin demoras, asegurando que la cooperación internacional se mantuviera sólida y efectiva.
En paralelo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó la implementación de protocolos preventivos para evitar posibles represalias en la región tras la salida del líder criminal.
En palabras del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, la operación contribuye a un récord histórico bajo el Gobierno Petro, quien alcanzó 809 extradiciones, cifra que supera en 6,3% a la gestión de Duque y en 7,6% al segundo mandato de Uribe. Idárraga subrayó que con este caso se demuestra que “La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”.
A pesar de la magnitud del operativo y del precedente en materia de cooperación bilateral, “Pipe Tuluá” enfrenta once investigaciones activas y había recibido diversas alertas sobre intentos de fuga en la etapa previa a la extradición.
El propio Idárraga señaló que se actuó de inmediato tras advertencias de que Marín Silva planeaba escapar, reforzando la vigilancia para asegurar su custodia y evitar contratiempos durante el traslado.
Andrés Felipe Marín Silva dirigía la banda La Inmaculada en Tuluá, Valle del Cauca. Bajo su liderazgo, la organización se especializó en secuestros, homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y sicariato. En Colombia acumulaba una condena de treinta años, con más de 39 homicidios comprobados, incluyendo asesinatos de funcionarios del Inpec. La persistencia de estas actividades generó alarma dentro del sistema penitenciario, alimentando el debate sobre la influencia de los cabecillas criminales desde centros de reclusión.
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