El silencio y la incertidumbre continúan marcando la desaparición de Kendall Stefany Arbeláez Castrillón, una niña de nueve años cuyo paradero sigue siendo desconocido tras más de un año de búsqueda.
Han pasado 576 días desde la última vez que fue vista en zona rural del municipio de San Rafael, en el oriente antioqueño, y su caso se ha convertido en uno de los más dolorosos y emblemáticos de la región, tanto por la falta de respuestas como por el complejo contexto en el que ocurrió su desaparición.
De acuerdo con lo que se ha conocido desde el anuncio de que estaba perdida, Kendall Stefany fue vista por última vez el 10 de julio de 2024 en la vereda El Brasil, cuando se encontraba acompañando a su abuelo, Conrado de Jesús Castrillón, de 58 años.
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Ese mismo día, horas después, el hombre fue hallado sin vida en una cueva natural cercana a una quebrada, con evidentes signos de trauma craneoencefálico, según reportaron las autoridades, y el hallazgo del cuerpo del abuelo encendió las alarmas con respecto a lo que habría sucedido, por eso se inició una investigación que, hasta hoy, no ha logrado esclarecer qué ocurrió con la menor.
El contraste entre el hallazgo del adulto y la total ausencia de rastros de la niña profundizó la angustia de sus familiares, los cuales desde entonces han insistido en que la investigación no ha avanzado con la celeridad ni la contundencia necesarias.
“Cada vez que preguntamos cómo va el caso, nos dicen que están avanzando, pero no nos muestran eficacia”, manifestó Conrado Castrillón Ríos, tío de Kendall Stefany, en declaraciones recogidas por el medio Alerta Paisa.
Para la familia, el paso del tiempo no solo incrementa el dolor, también el temor de que el caso caiga en el olvido institucional.
La zona donde ocurrió la desaparición representa uno de los mayores desafíos para las autoridades, pues se trata de un territorio montañoso, de difícil acceso, con extensas áreas boscosas y quebradas que complican las labores de búsqueda.
A esto se suma la presencia histórica de actores armados ilegales y economías ilícitas en algunos sectores del oriente antioqueño, factores que, según expertos y organizaciones sociales, suelen obstaculizar tanto la recolección de testimonios como la cooperación de posibles testigos.
Con el objetivo de incentivar la colaboración ciudadana, en enero de 2025 las autoridades, en conjunto con la familia, anunciaron el aumento de la recompensa hasta los 200 millones de pesos para quien suministre información veraz que permita dar con el paradero de la menor.
Sin embargo, hasta el momento, esta medida no ha generado pistas concluyentes; aun así, los allegados de Kendall insisten en que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación.
El caso de Kendall Stefany no es un hecho aislado a la compleja situación de seguridad que se vive en la zona, pues su desaparición se suma al contexto preocupante de menores reportados como desaparecidos en Antioquia, según confirmó el medio mencionado.
A finales de 2024 y comienzos de 2025, otros casos como el de Danna Sofía Rodríguez, en los límites entre Itagüí y el sur del Valle de Aburrá, o el de Mariana Andrea Garcés, en el barrio Aranjuez de Medellín, reactivaron el debate sobre la necesidad de protocolos de reacción más rápidos y eficaces.
Colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos han reiterado que las primeras horas son determinantes, pero que muchas veces las respuestas oficiales se ven limitadas por la falta de recursos técnicos o por el miedo de la comunidad a denunciar.
Más recientemente, desapariciones como la de Valery Lucía Cano, de 12 años, vista por última vez en la Comuna 13 de Medellín, o la de Yuliana Estefanía Rivas, de 14 años, en el sector de Niquía, Bello, han encendido nuevas alertas, confirmó Alerta Paisa.
Las autoridades no descartan que algunos de estos casos estén relacionados con redes criminales dedicadas a la explotación o al reclutamiento forzado de menores, una problemática que afecta de manera recurrente a niños y adolescentes en el departamento.
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