
Las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral (CNE) escalaron en los últimos días tras la exclusión del senador Iván Cepeda de la consulta presidencial del denominado Frente por la Vida, decisión que llevó al jefe de Estado a lanzar una dura ofensiva pública contra el organismo electoral, al que acusó de actuar de manera “partidista”, desconocer la Constitución y afectar derechos fundamentales de millones de colombianos.
La controversia se desató luego de que el CNE dejara por fuera a Cepeda del proceso de consulta, lo que motivó al senador a anunciar una demanda por presunto prevaricato contra los magistrados que adoptaron la decisión.
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En paralelo, Cepeda planteó incluso la desaparición del Consejo Nacional Electoral, al que calificó como un “organismo corrupto”. “El CNE ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y abiertamente antidemocrática”, sostuvo el candidato.

Según el director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, el organismo actúa conforme a los límites y deberes que le marca la ley.
“El Consejo Nacional Electoral está ejerciendo las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas. El numeral 12 del artículo 65 de la Constitución Política establece que el Consejo Nacional Electoral conocerá de las revocatorias de inscripción de candidaturas”, afirmó Parra a medios de comunicación desde Barranquilla.
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El director, en respuesta, defendió la actuación permanente y exhaustiva de la corporación: “Todos los días el Consejo Nacional Electoral ha sesionado y ha hecho audiencias públicas para resolver estos asuntos que se han presentado, que son muchísimos, y está resolviendo absolutamente todos los casos en derecho”
Sin embargo, el presidente Petro elevó el tono del enfrentamiento y respondió directamente al organismo electoral a través de una serie de mensajes públicos en los que cuestionó su imparcialidad.
“El CNE no ha respondido a la ley ni a la Constitución”, afirmó el mandatario, que denunció supuestas anomalías en los procesos electorales y acusó a magistrados y jueces administrativos de tener conflictos de interés.
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Petro fue más allá al afirmar que existen funcionarios “sub judice y con conflicto de interés, interesados en destripar el progresismo y perseguirnos hasta la cárcel y la muerte”, en lo que calificó como una acción deliberada contra las fuerzas políticas que representan el cambio.
El jefe de Estado también recordó lo ocurrido en las elecciones legislativas de 2022, cuando, según sus declaraciones, se habrían excluido cerca de 700.000 votos de la coalición que lo llevó al poder.
“Tuvimos nosotros mismos que recuperarlos”, aseguró. A su juicio, una maniobra similar se repitió ahora con la consulta presidencial, al denunciar un “tarjetón fraudulento falseado” que impidió la participación de sectores progresistas.
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Según Petro, la exclusión de Iván Cepeda y del progresismo de la consulta del próximo 8 de marzo constituye un “acto delictivo y de fraude”, que afecta directamente el derecho al voto. “A mí y a millones de colombianos nos impiden votar por quien queremos, nos quitan un derecho fundamental”, señaló.
Pese a sus críticas, el presidente confirmó que sí participará en las elecciones legislativas, aunque aclaró que no solicitará el tarjetón de la consulta presidencial.

“Claro que votaré este 8 de marzo, pero solo en los tarjetones de Senado y Cámara, para cambiar el Congreso que le quitó a la sociedad las reformas más sensibles”, afirmó, al tiempo que reiteró su rechazo a un proceso que considera “manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática”.
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En ese contexto, Petro hizo un llamado a la movilización ciudadana y a la vigilancia electoral. “El pueblo es el mayor veedor de las elecciones”, aseguró, invitando a los ciudadanos a inscribirse como testigos electorales y anunciando capacitaciones para aprender a impugnar mesas en caso de presunto fraude.
El mandatario también propuso cambios en la selección de jurados de votación, priorizando estudiantes y docentes, y anunció que el control policial será una prioridad durante la jornada electoral, con especial énfasis en la persecución de la compra de votos.
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