La Defensoría del Pueblo advirtió un posible agravamiento de la crisis humanitaria en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) por los constantes combates entre grupos armados ilegales.
La institución, liderada por Iris Marín Ortiz, insistió en que los enfrentamientos en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas exponen a la población civil a riesgos crecientes, como consecuencia de la persistencia de ataques armados y la falta de respuesta efectiva por parte del Ministerio del Interior.
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Desde finales de diciembre de 2025, la Defensoría ha recibido y verificado reportes sobre enfrentamientos armados entre el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, dirigido por el alias Calarcá Córdoba, y la Segunda Marquetalia, liderada por “Iván Márquez”.
“Este territorio se encuentra priorizado en la Alerta Temprana de Inminencia 018-2023, y la continuidad de las hostilidades evidencia un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad y de la situación humanitaria de las comunidades campesinas, en particular en un periodo en el que las familias desarrollan actividades agrícolas y de movilidad cotidiana, incrementando su exposición a riesgos”, dice el comunicado emitido por la entidad.
Según la entidad, las hostilidades se concentran en las veredas Linderos y La Libertad, lo que ha derivado en un deterioro sostenido de la seguridad en las comunidades campesinas.
La Defensoría señaló en su comunicado que “la persistencia de los combates mantiene a la población civil en una situación de riesgo permanente y diferenciado, que incluye afectaciones a la vida e integridad personal, accidentes por minas antipersonal y municiones sin explosionar, amenazas y homicidios selectivos, así como riesgo de desplazamiento forzado, confinamiento y de vinculación, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes”.
La situación ha sido reportada en al menos tres ocasiones al Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti, a través de comunicaciones formales en las que se documentan los graves riesgos y la necesidad de adoptar medidas urgentes.
No obstante, el organismo indicó que hasta la fecha no se evidencian respuestas con impacto efectivo en el territorio. El comunicado de la Defensoría destaca que el área afectada corresponde a un territorio que cuenta con la prioridad de la Alerta Temprana de Inminencia 018-2023.
“La Defensoría del Pueblo ha puesto estos hechos en conocimiento del Ministerio del Interior en al menos tres oportunidades, mediante comunicaciones formales que advierten la materialización de riesgos graves y la necesidad de medidas urgentes de protección; la más reciente fue remitida en las últimas horas, sin que a la fecha se evidencien respuestas con impacto efectivo en el territorio”, se agrega en el documento.
La entidad hizo un llamado expreso a los grupos armados presentes en la zona para que “excluyan de manera estricta a la población civil de las hostilidades y se abstengan de acciones que pongan en peligro a las comunidades, conforme a las normas del derecho internacional humanitario”.
Además, recordó que el Estado Mayor de Bloques y el frente se encuentran actualmente en conversaciones con el Gobierno de Gustavo Petro, y que en el ciclo VII de diálogos asumieron compromisos para reducir los impactos sobre los civiles.
Para la Defensoría, “lo estipulado en los acuerdos debe verse reflejado en acciones permanentes e ininterrumpidas que permitan seguir abonando el camino del diálogo y ofrezcan alivio a las comunidades”. El comunicado concluyó urgiendo a todas las entidades estatales a implementar de inmediato acciones coordinadas y eficaces para “garantizar la protección integral de la población, con especial énfasis en la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes”.
San Vicente del Caguán ha sido reconocido históricamente por la intensidad del conflicto armado y las vulneraciones a los derechos de sus habitantes, especialmente en los periodos en los que las familias campesinas desarrollan actividades agrícolas y de movilidad cotidiana, aumentando su exposición a los riesgos asociados a la violencia.
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Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre la situación ni se ha confirmado que exista una denuncia formal
