Presidencia recusó a magistrados que suspendieron la emergencia económica y Petro se pronunció: “Una aberración”

De acuerdo con Rtvc Noticias, la Presidencia de la República recusó a los magistrados que ordenaron la suspensión provisional del decreto de emergencia económica que expidió el Gobierno nacional (Decreto 1390 de 2025), con el fin de hacer frente a la situación fiscal del país. La decisión surgió como medida cautelar, mientras la Corte Constitucional toma una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.

“Con fundamento en los artículos 25 a 31 del Decreto 2067 de 1991, de manera respetuosa presento escrito de recusación en contra de los magistrados que estuvieron en la sesión en Cartagena el 23 de enero de 2026, en el proceso de la referencia (Control de constitucionalidad del Decreto 1390 de 2025)”, indicó el abogado Augusto Alfonso Ocampo Camacho, secretario jurídico de la Presidencia de la República, en la recusación revelada por el informativo.

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Los magistrados que la Presidencia busca apartar del debate sobre la declaratoria de emergencia son: Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo Assis, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Lina Marcela Escobar Martínez, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero. Con anterioridad, la Presidencia también recusó al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, para evitar que participe en el control de constitucionalidad del decreto.

De acuerdo con el documento, la recusación se sustenta en el hecho de que en el decreto se establece la ampliación de la base gravable del impuesto al patrimonio, lo que implica una reducción de 72.000 UVT a 40.000 UVT. En este caso, según la Presidencia, los magistrados en cuestión tienen un patrimonio igual o superior a 40.000 UVT, lo que quiere decir que lo dispuesto en la declaratoria de emergencia económica los afecta de manera directa.

Pronunciamiento del presidente Petro en contra de la Corte

El presidente Gustavo Petro se refirió a la recusación que adelantó la Presidencia, indicando que la medida tomada por la Corte sería incorrecta, puesto que debió autorizarse una suspensión únicamente cuando se hubiera tomado una determinación de fondo sobre el decreto.

“No se puede suspender un decreto de emergencia económica hasta la decisión final de la corte constitucional. No solo es grosería e irrespeto personal al presidente, sino una aberración que pone en peligro el orden constitucional”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

Aunado a ello, se quejó de decisiones que ha estado tomando el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha revocado la inscripción de algunas candidaturas y que en su momento no permitió que el Pacto Histórico contara con una personería jurídica. Aseguró que estaría violando derechos fundamentales que yacen en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Advirtió que habría intereses políticos detrás de esas determinaciones de tinte electoral. “Lo hace solo para garantizar por interés de los grupos políticos a los que pertenecen la mayoría del CNE. Eso se llama trampa y se hace rompiendo la constitución de Colombia”, aseveró.

Así las cosas, pidió a la ciudadanía recurrir a las acciones de tutela, con el fin de que se garantice la protección de los derechos fundamentales de la población de elegir y ser elegido. “Dejen al pueblo decidir libremente”, sostuvo.

Piden declarar inexequible el decreto de emergencia económica

Mientras la Corte estudia la declaratoria de emergencia del Gobierno, desde distintos sectores se han pronunciado, solicitando al alto tribunal que se declare inexequible el decreto. Así lo hizo Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta y representante legal del Consejo Gremial Nacional, argumentando que la declaratoria no está justificada.

“El Decreto 1390 de 2025 (i) no satisface exigencias formales (firma válida de todos los ministros competentes), y (ii) no cumple los presupuestos fáctico, valorativo y de suficiencia, al fundarse en circunstancias estructurales, previsibles o atribuibles a la gestión ordinaria del Estado, impropias del estándar estricto del artículo 215 de la Constitución”, precisó.