La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro, luego de la difusión pública de un audio atribuido a Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, señalado líder de la banda delincuencial La Inmaculada, en el que asegura haber financiado la campaña presidencial que llevó a Petro al poder en 2022.
La actuación fue impulsada tras la publicación del material sonoro por parte de la precandidata presidencial Vicky Dávila, que dio a conocer las declaraciones del hoy extraditado cabecilla criminal. A partir de esa divulgación, la Comisión consideró que existían elementos suficientes para activar de manera automática su competencia constitucional y legal frente a un posible delito relacionado con la financiación de campañas electorales.
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Según se informó, la apertura del proceso se fundamenta en las atribuciones que la Constitución y la ley confieren a la Comisión de Acusación para investigar penalmente al presidente de la República cuando surgen señalamientos que podrían comprometer su responsabilidad en hechos punibles durante o antes del ejercicio del cargo.
Apertura formal de la investigación
En el documento que da inicio a la actuación, firmado por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, se señala que, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992, la instancia legislativa está obligada a iniciar investigación penal de oficio por el presunto delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, conducta tipificada en el artículo 396A del Código Penal.
“Teniendo en cuenta que la candidata presidencial Victoria Eugenia Dávila divulgó en fuente abierta las declaraciones dadas por el señor Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, relacionadas con la entrega de dinero a la campaña a la Presidencia de Gustavo Francisco Petro Urrego, esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal de iniciar investigación penal de oficio”, se lee en el documento conocido por La FM.
En el mismo texto, la representante Gloria Arizabaleta solicitó formalmente al secretario de la Comisión de Acusación, Jairo Corzo, “asignar un número de radicado a esta investigación de oficio, con el fin de dar trámite a la apertura formal de la investigación”, con el propósito de iniciar las actuaciones correspondientes dentro del procedimiento previsto por la ley.
La decisión no implica, según la normativa vigente, una imputación de responsabilidad, sino la activación del mecanismo institucional para verificar la veracidad y alcance de las afirmaciones divulgadas públicamente, así como la eventual recolección de pruebas que permitan esclarecer los hechos.
Extradición de ‘Pipe Tuluá’ y revelación del audio
Los señalamientos que dieron origen a la investigación se conocieron el mismo día en que Andrés Felipe Marín Silva fue extraditado a Estados Unidos. El señalado narcotraficante fue entregado a las autoridades de ese país, donde permanecerá a la espera del inicio de su proceso ante una corte federal.
La extradición se realizó por orden directa del presidente Gustavo Petro y estuvo acompañada de un operativo de máxima seguridad coordinado por la Policía Nacional. La Dijín desplegó un dispositivo compuesto por cerca de 70 funcionarios, incluidos comandos especiales, agentes de Interpol, operadores de dron y personal motorizado.
El traslado se efectuó en una cápsula conformada por ocho vehículos, cuatro de ellos blindados, con apoyo aéreo de un helicóptero, desde la Estación de Policía de Los Mártires hasta la Base Aérea de Catam, en Bogotá. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la entrega y señaló que esta hizo parte de un registro histórico de 809 extradiciones a Estados Unidos durante el actual gobierno.
Señalamientos sobre la<b> </b>campaña y respuestas del entorno presidencial
El mismo día de la extradición, Vicky Dávila difundió el audio en el que Marín Silva afirma haber entregado dinero al hermano del presidente, Juan Fernando Petro. En la grabación, el extraditado sostiene: “Si estamos hablando de comprar funcionarios públicos, nosotros a su hermano sí le compramos”, y asegura contar con videos, audios y consignaciones que respaldarían sus afirmaciones.
En el audio también se escucha a Marín Silva decir: “Las pruebas las tenemos y se las vamos a pasar a los Estados Unidos”, declaración que ha sido citada como uno de los elementos que podrían extender el análisis de los hechos al ámbito internacional.
De acuerdo con información divulgada por Dávila, personas cercanas a alias Pipe Tuluá entregaron una imagen que mostraría una videollamada entre Juan Fernando Petro y el narcotraficante, presentada como presunta prueba de las afirmaciones contenidas en el audio. La difusión del material se produjo mientras el presidente Gustavo Petro se encontraba en Washington tras una reunión con Donald Trump.
Ante estos señalamientos, Juan Fernando Petro sostuvo en declaraciones a El Tiempo: “Nunca he recibido plata de ese señor. Nunca me he sentado con él”. Además, explicó que la única interacción con el entorno de “Pipe Tuluá” ocurrió durante su participación en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, en medio de actividades relacionadas con problemáticas de jóvenes en Tuluá, y que dicho contacto se limitó a la abogada del capo. “Nunca le di un peso a la campaña de mi hermano”, reiteró.
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