El Juzgado Quinto Penal con Función de Control de Garantías de Ibagué sustituyó la medida de aseguramiento en centro carcelario por detención domiciliaria al procesado Diego Estrada, señalado por las autoridades de ser el presunto responsable del feminicidio de la enfermera Diana Milena Carrero.
Según informó Caracol Radio, los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2024 en la variante de la capital del Tolima. La decisión judicial ha generado controversia y reacciones en distintos sectores, especialmente tras el pronunciamiento público de Juan Carlos Pinzón.
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De acuerdo con el reporte de Caracol Radio, Estrada deberá permanecer bajo vigilancia electrónica en su domicilio y presentarse periódicamente ante las autoridades. Además, tendrá prohibición de abandonar el país y no podrá acercarse a los familiares de la víctima.
Esta medida, que reemplaza la reclusión en centro penitenciario, fue adoptada luego de que la defensa del acusado solicitara el cambio por vencimiento de términos procesales.
La familia de Diana Carrero expresó su inconformidad ante la resolución. “Como baldado de agua fría, uno no conoce mucho de los términos y el tema de los vencimientos de términos, uno cree que todo iba bien, pero llega esta decisión, desafortunada para nuestra familia”, manifestó Wilfredo Carrero, hermano de la víctima, en declaraciones recogidas al medio citado.
El proceso judicial se encuentra en etapa de juicio y, según explicó Carrero, ya se presentaron pruebas y testimonios, mientras la Fiscalía se encarga de sustentar la acusación.
El mismo medio detalló que la defensa del procesado había hecho una petición similar meses atrás, pero en esa ocasión el juez negó el beneficio. La nueva determinación, adoptada por el juzgado de Ibagué, reabre el debate sobre la eficacia y el mensaje de las medidas adoptadas en casos de feminicidio.
El exministro de Defensa y candidato presidencial Juan Carlos Pinzón reaccionó en la red social X cuestionando la decisión judicial.
“Casa por cárcel para un feminicida. ¿Qué mensaje le estamos dando al país? Que la vida de las mujeres vale menos que los ‘beneficios’ de los peores criminales”, escribió Pinzón.
En su pronunciamiento, añadió: “Cero concesiones. Protección real para las mujeres, justicia firme y castigo efectivo. El feminicidio no merece comodidad: merece cárcel”.
La sustitución de la medida privativa de libertad en este caso se suma a discusiones sobre los criterios judiciales aplicados en delitos graves y el alcance de la protección legal para las víctimas de violencia de género en Colombia.
Así ocurrió el feminicidio de Diana Milena Carrero
La desaparición de Diana Milena Carrero, enfermera de 44 años, quedó registrada el 21 de diciembre de 2024, al finalizar una celebración de fin de año con sus compañeros cerca de la glorieta de la Arboleda Campestre, en Ibagué.
Durante el encuentro, según testigos, Diego Estrada, pareja sentimental de Carrero, llegó al lugar y la agredió verbalmente. Además, increpó a amigas de la mujer que intentaron intervenir.
Estrada, señalado como el principal sospechoso del feminicidio, relató a las autoridades que ese mismo día ambos se desplazaban en su motocicleta.
Según su versión, discutieron durante el trayecto y, en medio del altercado, Carrero intentó descender del vehículo, provocando su caída y un daño en la moto. Estrada sostuvo que, mientras realizaba una reparación a la motocicleta, perdió de vista a Carrero, quien se habría alejado en la oscuridad.
No obstante, las investigaciones de la Fiscalía contradicen la explicación entregada por Estrada. El organismo estableció que la muerte de Diana Carrero fue consecuencia de un golpe contundente en la cabeza.
El hallazgo del cuerpo se produjo el 26 de diciembre en un canal situado en la variante de Ibagué, cinco días después de la desaparición.
La familia de la víctima ha señalado reiteradamente el temor ante la posibilidad de que Estrada recupere la libertad mientras avanza el proceso judicial. Wilfredo Carrero, hermano de Diana, expresó su preocupación por la seguridad y el riesgo de impunidad en el caso.
El proceso judicial sigue en etapa de juicio, mientras los allegados de la víctima insisten en que se haga justicia y se garantice protección para la familia.
La versión oficial, sustentada en pruebas forenses y testimonios, continúa siendo evaluada por las autoridades competentes.
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