El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, radicó una denuncia penal contra Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, a raíz de revelaciones hechas por la candidata presidencial Vicky Dávila sobre una presunta financiación irregular a la campaña presidencial de la Colombia Humana en 2022.
La denuncia fue presentada luego de que Dávila afirmara públicamente que alias Pipe Tuluá, señalado narcotraficante, habría aportado recursos a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Según Bustos, la gravedad de los señalamientos obliga a que las autoridades judiciales actúen de inmediato para esclarecer los hechos y determinar si existió o no la comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de campañas.
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De acuerdo con el documento radicado por la Red de Veedurías, los recursos presuntamente entregados no habrían tenido como único destino la financiación electoral. En la denuncia se plantea que esos dineros también se habrían usado para el pago de “trámites” asociados a procesos judiciales y de paz, lo que ampliaría el alcance de las posibles irregularidades bajo investigación.
En ese contexto, el escrito citó un audio atribuido a alias Pipe Tuluá, en el que el extraditado hace referencia directa al entonces candidato presidencial. “En referencia a Gustavo Petro, el extraditado aseguró, minutos antes de ser enviado a Estados Unidos: ‘Creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña’”.
Para la Red de Veedurías, ese material sonoro tendría un peso central dentro de la denuncia. En el documento se afirma que el audio “sería una prueba de que el Pacto de La Picota sí existió”, y que las visitas a centros carcelarios durante la campaña presidencial habrían ido “más allá de las intenciones de la paz total”. Además, se advierte que este material abre un interrogante de fondo sobre la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en las elecciones de 2022.
La denuncia también recogió otros apartes del audio divulgado por Vicky Dávila. En uno de ellos, alias Pipe Tuluá aseguró que cuenta con pruebas para demostrar que entregó “mucho dinero” a Juan Fernando Petro con destino a la campaña de su hermano, el hoy presidente de la República, “además de aportes en efectivo para otras entidades como la Dian”.
En otro fragmento citado textualmente, el extraditado señala: “Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata no solo para su campaña, sino para otras cosas de la Dian”, afirmación que, de comprobarse, tendría implicaciones penales de gran alcance.
El documento agregó que alias Pipe Tuluá manifestó su intención de entregar ese material probatorio a las autoridades estadounidenses. “Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos para que vean que eso sí es prueba, que lo que me arman a mí relacionado con narcotráfico es falso y eso lo voy a demostrar”, sostuvo, según la transcripción incluida en la denuncia.
En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro también es mencionado en el escrito. Según se consigna, el jefe de Estado ha afirmado desde Estados Unidos que no tiene relación alguna con los señalamientos y que, de existir responsabilidades, estas recaerían sobre su hermano Juan Fernando Petro.
En ese sentido, se cita una declaración atribuida al mandatario: “Mire hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Pitufo quería. Si yo quisiera estaría lleno de billete, solo que estaría preso, muerto, descuartizado; a mí esos chantajes —se lo dije a CIA— no van conmigo”.
Por ahora, la denuncia queda en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá evaluar el alcance del material aportado y definir si se abre una investigación formal. El caso suma un nuevo capítulo a las polémicas que han rodeado a Juan Fernando Petro y añade presión política y judicial al entorno del presidente, en un contexto marcado por la confrontación electoral y la expectativa sobre el manejo de presuntos vínculos entre política y criminalidad.
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