El Ministerio del Trabajo abrió una investigación administrativa contra Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A. por presunta explotación laboral de personas en condición de vulnerabilidad, tras recibir denuncias sobre el uso de vendedores informales sin garantías mínimas en la comercialización de productos como Bon Ice, Vive 100 y de helados Crem Helado.
Según la cartera laboral, las compañías tendrán cinco días, desde el momento que recibieron la notificación, para pronunciarse y aportar pruebas, mientras enfrentan la posibilidad de sanciones económicas que podrían superar los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a alrededor de $175 millones, según la normativa actual.
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El caso responde a una denuncia formal presentada por el abogado Óscar David Benavides Angulo, que también es exvendedor ambulante y aspira a la Cámara de Representantes.
Benavides advirtió que el fenómeno trasciende a Quala, ya que refleja un sistema más amplio, en el que compañías trasladan los riesgos del trabajo a sectores empobrecidos.
“Esto no es solo Quala, es un sistema que ha permitido que grandes marcas se lucren mientras miles de colombianos trabajan sin derechos. Por eso decidí denunciar”, declaró Benavides en declaraciones difundidas por diversos medios.
Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales han destacado que el proceso impulsado por el Ministerio del Trabajo puede sentar un precedente fundamental para la protección de trabajadores en situaciones similares.
La autoridad laboral busca establecer si existió “vulneración de derechos ciertos e indiscutibles” y si las supuestas prácticas denunciadas configuran una evasión de las responsabilidades legales de las empresas hacia personas vulnerables.
Según lo consignado en la denuncia, las personas involucradas en estos esquemas habrían sido contratadas de manera informal como vendedores ambulantes y promotores de marcas, sin vínculo formal, sin acceso a seguridad social ni a una retribución que alcance un “salario digno”.
El Ministerio informó que la investigación administrativa se desarrolló durante aproximadamente dos meses, periodo en el que se recopilaron y analizaron los reportes y acusaciones sobre las prácticas laborales de Quala y Grupo Nutresa.
La cartera laboral detalla que el proceso tiene como objetivo clarificar si las empresas incurrieron en una explotación sistemática de trabajadores desprovistos de herramientas jurídicas para su defensa.
Así mismo, el Ministerio de Trabajo afirmó que envió a las compañías un requerimiento formal en el que se les exige pronunciarse y aportar la documentación que estimen pertinente en un plazo perentorio de cinco días, contados a partir de la fecha de la notificación.
El incumplimiento o la omisión en la entrega de información podría acarrear la aplicación de multas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En su denuncia, el abogado Benavides Angulo aseguró: “Aquí no estamos hablando de favores ni de oportunidades informales, estamos hablando de personas usadas para vender marcas millonarias sin contrato, sin seguridad social y sin un salario digno. Eso es explotación laboral y no puede seguir normalizándose”.
El abogado demandante sostuvo que esta modalidad no corresponde a ayudas ocasionales, sino a un modelo que favorece a grandes compañías a costa de la precarización de ciudadanos con escasas posibilidades de defensa jurídica y económica.
El proceso continúa bajo la responsabilidad de la autoridad laboral, que deberá pronunciar un fallo sobre la existencia o no de irregularidades y definir la posible aplicación de medidas correctivas.
La resolución que adopte el Ministerio del Trabajo podría impactar la forma en que otras empresas operan bajo modelos de trabajo informal, reavivando el debate en Colombia sobre la dignidad laboral y la protección efectiva de las personas en situación de vulnerabilidad.
Entre los beneficios que estarían dejando de percibir los vendedores están: seguridad social, aporte a pensiones, cesantías y ARL.
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