La senadora Zuleta solicitó datos reservados a la Policía sobre operativos antiminería: estas fueron las condiciones

La senadora Isabel Cristina Zuleta generó controversia al exigir información reservada a la Policía Nacional sobre operativos contra la minería ilegal en Antioquia y Caldas.

El derecho de petición, presentado el 3 de octubre de 2025, solicitó detalles precisos sobre las intervenciones realizadas por la institución, lo que provocó inquietud, según Semana.

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Zuleta, integrante del Pacto Histórico, pidió explicaciones respecto a 25 operativos llevados a cabo entre abril y octubre de 2025 en Yalí, San Roque, Amalfi, Angostura, Anorí, Remedios, Buriticá y Marmato.

Se quejó por la destrucción de maquinaria amarilla, el cierre de minas y denunció posibles amenazas y agresiones a civiles, todo ello durante intervenciones policiales junto a la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Ilegal.

La senadora argumentó que estas acciones contradecían acuerdos alcanzados meses antes entre el Gobierno y los mineros informales. En el documento, citó la destrucción de medios de trabajo y denunció que los mineros fueron ultrajados. Añadió que los compromisos obligaban a priorizar el decomiso y la verificación documental de equipos en vez de su inmediata incineración.

El derecho de petición incluyó once solicitudes concretas: registros audiovisuales de las operaciones (videos, fotografías, cámaras corporales), georreferenciación de las acciones, informes reservados exentos de confidencialidad y las órdenes que sustentaron los operativos.

Según el medio mencionado, Zuleta también pidió los nombres, grados y dependencias de los policías involucrados, así como copias de evaluaciones sobre el uso de la fuerza e informes disciplinarios, si existiesen.

Dentro de los temas más sensibles, la congresista requirió detalles sobre la relación entre la Policía y la administración departamental de Antioquia en estos procedimientos.

Recordó que la Gobernación de Antioquia, dirigida por Andrés Julián Rendón, no tiene competencias mineras directas, aunque pidió claridad sobre posibles coordinaciones y actas de reuniones entre ambas entidades.

Desde la Policía Nacional, altos mandos interpretaron las solicitudes de Zuleta como posibles intentos de intimidación que podrían favorecer a mineros vinculados con el Clan del Golfo, el ELN o disidencias de las Farc.

Un coronel retirado dijo al medio mencionado que los cuestionamientos de la senadora fueron entendidos como intentos de convertir acciones contra la explotación ilegal de minerales en intervenciones sobre minería tradicional, pese a las pruebas reunidas por la institución.

El mismo oficial relató que la información operacional era filtrada y, en ocasiones, recibieron órdenes superiores de suspender funciones en el Bajo Cauca antioqueño para evitar bloqueos o confrontaciones sociales.

Por su parte, Zuleta negó haber solicitado informes de inteligencia a la Policía. En declaraciones recogidas por el medio mencionado, aclaró que busca el sustento legal de los operativos, en su calidad de coordinadora de la comisión encargada de la revisión de la política minera en Colombia.

La senadora cuestionó la legalidad de las intervenciones contra mineros identificados que, según ella, buscan formalizarse, situación que desestimula ese proceso y genera conflictos sociales. Sostuvo que la normativa permite trabajos en fase de exploración sin requerir licencia ambiental, en contraste con la lectura dada por la Policía sobre sus atribuciones.

Respecto a los nombres de los oficiales, Zuleta afirmó que los necesita para denunciar prácticas como la ocultación de identificaciones oficiales, lo que consideró incompatible con la obligación de la fuerza pública de identificarse.

Añadió que no solicita traslados ni busca destituir funcionarios, sino que acude a mecanismos institucionales o ejerce su función legislativa al votar ascensos, de acuerdo con su criterio sobre el comportamiento de los agentes.

Las diferencias entre el sector minero, el Estado y la fuerza pública en Antioquia y Caldas evidencian la complejidad del proceso de formalización minera. La discusión se centra en la legitimidad y transparencia de los procedimientos policiales.

Zuleta reiteró que jamás utiliza su cargo para solicitar traslados de funcionarios. Dijo que sus posturas se canalizan a través de medios institucionales y decisiones legislativas, respondiendo a sus principios y a la función de control asignada en el Congreso.